Hace unos días, el diario caraqueño El Universal publicó entrevistas a Andrea Coa, corredactora del proyecto de Ley de Derecho de Autor que tanto revuelo ha levantado en estos días en el ámbito editorial venezolano. Al margen de la posición que uno pueda tener al respecto, vale la pena revisar las declaraciones de Coa a favor de la ley, así como las correspondientes, en el mismo diario, de Eduardo Samán —quien dirige el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, Sapi—, para saber sobre qué estamos parados. Ambas entrevistas aparecen con la firma de la periodista Ana María Hernández.

Según Coa, el proyecto de ley ha surgido de la convicción de que el texto legal vigente, de 1993, “no responde ni defiende nuestros derechos, y nos entrega a las corporaciones internacionales”. Desestimó la exoneración de impuestos que por ley tiene la cadena de comercialización del sector editorial venezolano, pues “aun con todo eso, la industria editorial venezolana está en rojo”.

Se refirió también a las objeciones que se le han hecho a la ley, y parece restarles importancia en virtud de que provienen, según ella, del sector industrial, que ella juzga “contrapuesto al derecho de los autores con los editores”. Y arremetió contra los convenios internacionales: “¿quién dijo que son palabra de Dios? Son palabra de Estados Unidos, es la vieja lucha del norte contra el sur. El nuevo orden solidario es que el sur participe y ponga su propuesta”.

En la misma tónica justificó el polémico artículo 5, que confiere al Estado la potestad de adquirir los derechos de una obra que considere de interés público con la consiguiente prohibición de su comercialización. “Ese es uno de los principios para garantizar que la gente tenga acceso a la obra. Cuando el Estado la adquiere lo hace con trato directo al autor. Entendemos que chillara Cavelibro, Sacven, hay que hacer una contraloría social para que defienda. Se trata de eso”.

Samán, por su parte, declaró que el Sapi aprueba el proyecto “porque no está hecho por abogados ni por corporaciones. Esto está hecho por la gente y es elevado a la Asamblea Nacional para ser discutido”. Desestimó (al igual que Coa en alguna parte de sus declaraciones) la crítica de algunos sectores a errores de transcripción que cambian, dramáticamente por cierto, el sentido de ciertos artículos. Y dijo que el proyecto no es “una ley cocinada”, cualquiera que sea el sentido de esto.

La periodista venezolana Kira Kariakin, quien laboró durante muchos años en el medio y llegó a tener una agencia literaria —empresa quijotesca como la que más, si se crea en Venezuela—, expuso hace unos días en su bitácora, K-minos, un completo análisis de la ley en correspondencia con las declaraciones de Coa y Samán.

Según Kariakin, “la ley propuesta en Venezuela atenta contra los autores y las autoras, los editores y editoras, productores y productoras, etc., porque refleja desconocimiento de la cadena de producción y distribución de las obras. Esta cadena es costosa. En el caso de la impresión, Venezuela no produce papel de buena calidad ni buen precio, ni tintas, ni maquinaria”. Los costos de producción en otros rubros, como la música y el cine, son aun superiores.

En el aspecto de los convenios, que involucran a muchos países además de Estados Unidos, Kariakin estima que quienes redactaron la ley “parecieran estar sesgados ideológicamente en un tema que no tiene nada que ver con la lucha norte y sur y demás lugares comunes de una ‘izquierda’ que no tiene argumentos más fuertes ni consigna menos trillada que echarle la culpa de todo a los ‘gringos’ ”. Destaca el hecho de que no existe tal presión de las “corporaciones” por robar al artista nacional y dominar nuestra producción intelectual y artística.

Desmiente una aseveración de Coa según la cual los artistas venezolanos exponen en las plazas públicas porque en los grandes aforos se les da mayores oportunidades a los extranjeros. “Nuestras galerías siempre se han afincado en artistas nacionales porque el coleccionismo de arte en Venezuela se basa en el talento del país. Vayan a una subasta de la Sala Mendoza o de la Casa de Subastas Odalys y podrán apreciar lo que digo. La sempiterna queja en la Feria Internacional de Arte de Caracas por parte de los expositores internacionales es justamente lo difícil de vender artistas de afuera porque son inversión difícil para el coleccionista vernáculo”.

Una de las aristas que empiezan a ser acotadas por diversos sectores, es que en realidad el proyecto contiene la mayoría de los preceptos legales establecidos ya en la ley de 1993, organizados de manera distinta, y con los peligrosos agregados que comentáramos en nuestro editorial de Letralia 122 referentes al desconocimiento de convenios internacionales, a la potestad del Estado de expropiar una obra —negándole al autor la posibilidad de obtener mejores ingresos por otras vías— y a otros aspectos, como el establecimiento de una ficticia ganancia del cincuenta por ciento para el autor. Esto, según Kariakin, “llevará a la industria a la figura de cofinanciación o coedición con el autor. Si tienes un 50% de ingreso correrás con un 50% de riesgo. Y no habrá nadie que quiera ser publicado que no vaya a tener que pagar por la mitad de la edición. Así de simple”.

Kariakin termina su análisis con una nota no exenta de pesimismo. “Estamos condenados”, dice, “a unos medios que no se molestan en contraponer las dos leyes, la vigente y la que está en discusión, y compararlas para establecer sus puntos en común y diferencias ayudando así a establecer un diálogo más productivo. Y estamos condenados por designios de un karma cósmico —que me atrevo a creer que trasciende ya cualquier revolución política o social— a la improvisación, el apuro, protagonismo y falta de responsabilidad para con el país en su totalidad”.