Por estos días desarrolla el gobierno venezolano un proceso de registro de los ciudadanos que hacen literatura en nuestro país. Técnica y formalmente, un censo que ha sido definido como herramienta para la consagración de diversos derechos que históricamente le han sido negados a los escritores, como un sistema de protección social y la apertura de vías para la publicación. La organización bajo cuya responsabilidad corre la realización de este censo es una fundación, que sobre el papel es privada pero que públicamente se reconoce como una iniciativa gubernamental: la Red de Escritores de Venezuela.

Dirigida actualmente por el narrador Sael Ibáñez, esta red circula en equivalencia con otros procesos de clasificación y registro que se adelantan en Venezuela en diversos órdenes. El gobierno venezolano se ha lanzado a una carrera de registro de todo lo que existe: profesionales, desempleados, comerciantes informales, gente sin casa, gente con casa, electores a favor o en contra y, ahora, escritores.

La historia de la literatura nos ha enseñado muchas cosas, pero una de las más importantes es que literatura y burocracia no se llevan bien. Empezamos hoy con un censo de escritores, continuaremos mañana con el establecimiento de mecanismos burocráticos y terminaremos algún día con un conglomerado perfectamente definido de personas que escriben, quizás, pero que tendrán una importancia real a la hora de ejercer, como mayoría numérica, la responsabilidad de tomar decisiones democráticas, y que nunca podrán ejercer, en cambio, la crítica contra quienes —como en esas estructuras jerárquicas de que tanto gustan los militares del mundo— encarnen la autoridad. Si se sigue con las proyecciones históricas, tendremos claro que quienes no avalemos la creación de estas estructuras obtendremos de manera automática carácter de disidencia. Clavemos una cuña en el medio. Aquí nosotros. Allá ustedes.

Este fin de semana, el escritor español José Manuel Caballero Bonald hablaba, en La Rábida, de las relaciones entre literatura y poder. “La literatura es de los desobedientes. El escritor siempre ha de oponerse al poder, sea éste el que sea”. Para la expresión cabal de nuestro mundo interior, es preciso que mantengamos nuestro sentido de la independencia y nuestra capacidad para tomar decisiones más allá de las expectativas del poder.

Como es natural, los pasillos del poder albergan, siempre, al consejero puntual que sabe de estas cosas. Ese consejero está consciente de algo que ha sido multitudinariamente explicado por la historia: el apoyo de los intelectuales al poder le brinda a éste un estatus de calidad moral —al menos a nivel superficial.

Hay escritores que ceden con plena conciencia y satisfacción a tales tentaciones del poder, riéndole los chistes al poderoso y, en algunos casos, incorporando los suyos propios: ante el empleo, por parte del sector político venezolano adversario al gobierno, de la idea del voto en blanco dibujada en Ensayo sobre la lucidez, de José Saramago, éste ha enviado una solícita carta al presidente Hugo Chávez: “Me han pirateado un libro en China, algún otro en Latinoamérica, pero hasta estos días nadie me había pirateado una idea”. Nada tan triste como reír los chistes del poder, sea éste el que sea.

Lo dijimos hace poco en nuestra bitácora y lo reiteramos aquí, ya como posición de la Tierra de Letras: no se puede confiar en el traslado de estructuras burocráticas al ámbito creacional. El escritor es uno de esos componentes sociales que funcionan mejor cuando, desde una perspectiva crítica, señalan el mal rumbo que se pueda estar tomando en algún sentido. En el extremo opuesto, los escritores que se alían al poder correrán mejor suerte si son olvidados por la historia, pues cualquier recuerdo que ésta conserve de ellos estará provisto de las consecuentes manchas.