I. La desesperanza

“Una Colombia destrozada”, parece ser el eterno retrato de nuestra nación. Un territorio que generación tras generación, vio cómo decenas de enfrentamientos llenaron de muerte, terror, miseria y desesperanza, los cándidos y vigorizantes paisajes de su geografía, en contraste con el extraordinario brío que se vislumbraba en su génesis. La hostilidad, permanente y progresiva, ha cubierto el límite entre la ontogenia del conflicto y su pretérita realidad, haciendo verosímil la idea de una inmanencia entre el fenómeno de la violencia y la propia cultura de nuestras sociedades. La Colombia triunfante y gloriosa no es más que una quimera a la que acuden nuestros demagogos dirigentes, en su poluto afán de revestir una verdad vergonzosa que pueda poner al descubierto la indigna putrefacción que reinó siempre en sus proyectos políticos, creando una historia ilusoria que nuestra impasible sociedad es incapaz de develar. No es ya una simple “patria boba” sino una execrable por un lado, y ciega y sorda por el otro.

 

II. Una historia vergonzosa

Desde la época precolombina, la lucha por el control político engendró terribles desavenencias que transitaron los sombríos caminos de la animadversión y el odio; los nativos de esta parte del continente, contrario a lo que los documentos históricos retrotraen en una mezquina apología, mancharon con su propia sangre la belleza de una naturaleza que parecía bendita; el temple y fiereza de su temperamento los llevó a una cierta virtuosidad para la batalla (aunque no fuesen reconocidos como tribu guerrera), empero, vanamente agotada contra su propia raza. Esa lucha desalmada y sin sentido, obstaculizó el desarrollo de una auténtica cohesión social, que los hizo fácil presa del abominable sometimiento colonialista. La admirable capacidad productiva y artística de nuestros aborígenes fue rápidamente inmolada por la cruel rigidez de una autarquía déspota, que tardó algunos siglos en revertirse. La enervación se agita al saber que nuestra propia raza fecundó su trágico destino, condenándose al sometimiento español, durante más de tres siglos.

La Colonia no sólo traía consigo un canto a la crueldad y el autoritarismo, sino que llevaría a nuestro pueblo a una vertiginosa carrera transformacionista. Desde la religión hasta la avaricia “estatal”, instauraban las directrices de una sociedad, que por cuanto método fuera necesario, debía adaptarse a un régimen que ya no pretendía el dominio represivo; más que eso, la corona se esforzaría en producir una conversión cultural que le serviría en la generación cohesiva de su discurso político, para que cerrara las puertas, de manera definitiva, ante una eventual rebelión. Aunque la masa, sumida en una ignorancia preestablecidamente dirigida por España, caía en el nauseabundo juego teleológico, una clase que había sido tratada con privilegios, por su origen ibérico, rechazaría la estrategia de ritualización e iniciaría un proceso de concientización en aras de la revolución. Los criollos, entre quienes se destacaban intelectuales, hacendados y estrategas militares, consolidarían un plan rebelde que entregó un nuevo papel a las clases populares, abriendo con ello la sólida brecha de la emancipación.

La fugaz armonización en la dinámica sociocultural de los habitantes trajo una conveniente convergencia en sus intereses, que vino a escenificarse a través de un levantamiento popular, en el que los realistas fueron apeados y destituidos del poder; un grito enjundioso que asía la epopeya libertaria. Pero lo que parecía el alcance de la más alta cumbre de júbilo, no tardó en convertirse en una absurda divergencia; los intereses populares nunca se impusieron sobre la disidencia radical en la que centralistas y federalistas sacrificarían su propio proyecto político para concentrarse en guerras civiles que no sólo dividieron el territorio sino que impidieron el establecimiento de un gobierno sólidamente constituido. La independencia era un estadio para el cual los patriotas no estaban preparados, y esa tenue conformación estatal dio vía libre a la penetrabilidad. Una vez más la lucha interna promovió el suicidio de una legítima soberanía y las tropas españolas retornaron a sembrar su “régimen del terror”, cubriendo de dolor y desazón los jóvenes espíritus patrióticos. “La Patria Boba” engendraría un fenómeno que se inmortalizaría a lo largo de nuestra cruenta historia: la guerra intestina.

Tal vez sea la excepción que confirma la regla o uno de esos períodos en los que la historia reclama un respiro y luego retorna a su indeleble accionar; lo cierto es que nuestra sociedad, por primera y única vez, sustituyó los vicios de la disidencia para unir sus fuerzas en torno a un mismo objetivo: la libertad. Qué gloriosa y heroica fue la actuación de nuestro ejército patriota que más que valentía, demostró que la libertad era su única forma de vida y, no obstante las dificultades, entregó cuanto le fue posible al sueño de una nación que desgraciadamente nunca pudo nacer. Bolívar, Santander y la épica actuación de sus guerreros ofrecieron a esta tierra su única esperanza. Atacaron al monstruo, cortaron sus vértebras y retiraron sus restos; y el corazón de la patria vino a formarse como muestra de su existencia aún inconclusa, pues cuando la enjundia brillaba como signo de la entrega en la formación de la nación, el negro espíritu de la animadversión regresó para apoderarse de la conciencia de aquellos que todo sacrificaron en pro de la justicia. Y como esos edificios que nunca terminan de construirse, por carencia de fondos, la construcción de un país detuvo su marcha, como prueba de que la historia había salido de su letargo.

Desde entonces una guerra sin tregua ha sumido a nuestra Colombia en una penosa penumbra. La muerte y el resentimiento prepararon a cientos de generaciones para la crueldad, el cinismo y para toda inmoralidad, pero nunca para la prosperidad. El desequilibrio social y la hostilidad han sido la nota predominante durante casi 200 años.

Si era ya doloroso nuestro pasado, no creeríamos haber vivido una crisis más destructiva, como la que se escenificó cuando saludábamos el siglo XX. Mil días de guerra mostraron la sevicia y la tenacidad de un espíritu misántropo, enriquecido con el cáncer del bipartidismo, que llegaría para contribuir en ese ímpetu de destrucción, históricamente presente en la vida política colombiana. Mientras los “heroicos” defensores de los intereses populares asesinaban a diestra y siniestra, nuestro pueblo se desahuciaba, abatido por la violencia y el hambre, ante la despreocupación de un Estado que legitimaba la guerra; el presupuesto de la nación iría a parar en las arcas de la fuerza pública, bajo un gobierno conservador que no cesaría en su empeño por destruir a las guerrillas liberales; la muerte se desplazó con suma fluidez, dejando a su paso las rencillas de la humillación y desesperación que toda confrontación armada provoca. Se fraguaban nuevos vestigios de resentimiento, alentados por la infinita miseria y el argumento de una política suicida, vendría a concretarse con la pérdida de Panamá. La evolución política parecía diseminarse en el fenómeno de la violencia hasta fundirse en una misma estructura.

Ya no mediante una guerra declarada, sino bajo el inmenso velo de la tensa calma, nuestros campos siguieron siendo testigos de las masacres, el hostigamiento y el terror. Por fuerza o persuasión, liberales y conservadores lograron que toda la población se dividiera bajo su bandera y la violencia clásica vivida en las montañas llevaba su brío a las ciudades, donde un enfrentamiento aparentemente democrático lindaba el panorama político. Las masas populares, alienadas por la fuerza de la demagogia oligárquica, retransmitían sus vanos discursos, mientras paralelamente el desamparo estatal producía un progresivo desequilibrio social. Las condiciones insalubres y la extrema ignorancia en las que vivía la inmensa mayoría de la población, contrastaban con la plétora de riqueza de que gozaba la clase burguesa, coincidencialmente, estrechamente ligada con la dirigencia bipartidista. La economía nacional, lejos de desarrollarse se quebrantaba, debiendo someterse al capital extranjero proveniente del imperialismo, que creaba una nueva dependencia y debilitaba aun más las bases de una auténtica democracia. La tensión política y el subdesarrollo económico y social del país acrecentaban la crisis.

La primera mitad del siglo XX, marcada por la violencia política y la inmensa pobreza, se cerraría con otro vergonzoso capítulo en el que se conjugarían las fuerzas del imperialismo y la oligarquía bipartidista, cuando el único y auténtico caudillo del siglo, Jorge Eliécer Gaitán, fuera asesinado. El descontento general de la población se desató en un apoteósico levantamiento popular que dejó en llamas la capital de la república, produjo graves desórdenes en varios rincones del país y recrudeció una guerra que si bien no había cesado, por lo menos se había disminuido. Gaitán, aunque hubiese tomado la bandera liberal, representaba una amenaza no sólo para el partido sino para toda la clase política tradicional y para el sistema mismo, sigilosamente vigilado por el imperialismo norteamericano. Las ideas reformistas del líder político enardecieron el espíritu libertario de los sectores más explotados de la población, pues en ellas se resaltaba el interés por disminuir el abismo entre las clases sociales y el abierto rechazo a la política caciquil desarrollada por los partidos tradicionales. Este era un líder popular que realmente simbolizaba a las mayorías y no a los más poderosos, como lo hacían los ortodoxos liberales y conservadores, quienes finalmente restituirían su credibilidad entre los electores.

Una vez más la inclemencia de la guerra golpearía a nuestra débil democracia y los partidos encontrarían un pretexto para maquinar otra de sus acostumbradas podredumbres estratégicas. Con el fin aparente de liberar la tensión política, liberales y conservadores acordaron el no menos enervante “frente nacional”, con el que pretenderían llamar a los chusmeríos —como en esa época se conocía a los combatientes— al cese definitivo de las hostilidades, cuando su real preocupación la había originado el fenómeno gaitanista, que ponía en declive la solidez del sistema bipartidista y, por tanto, requería de una coalición que garantizase su permanencia en el poder; luego sus intereses no se centraban más que en la protección del régimen, ante el riesgo de una eventual creación de movimientos izquierdistas. Pero la crueldad del enfrentamiento generó un gran resentimiento entre sus víctimas que, finalmente, se tradujo en la formación de otro cáncer para el país: las guerrillas de izquierda, que sin poseer una conciencia ideológica que satisficiera el argumento de su posición política, entraron en escena; nacieron grupos como las FARC y el ELN, que inverosímilmente cubiertos con la gracia del marxismo-leninismo, combaten el tradicionalismo de la clase dirigente y, según ellos mismos, las diferencias sociales. Así, se pone al descubierto la ausencia de una verdadera conciencia política tanto en los actores tradicionales como en los que surgieron en respuesta a esa bipolaridad.

La segunda mitad del siglo XX fue aun más dolorosa y destructiva que las restantes, pues el conflicto político fue acrecentándose, y poco a poco se adhirieron a él nuevos actores que generaron otros traumatismos, prolongando la agonía de un país que nunca ha logrado despegar. Después de la indignante coalición de la oligarquía y la innegable miseria que seguía extendiéndose entre las clases menos favorecidas, el espléndido renacer del proletariado latinoamericano —alentado por el triunfo de la revolución cubana— vigorizaba el espíritu de lucha en el ala izquierda colombiana, que guiada por el fiel acatamiento de la doctrina marxista, empezaba a ocupar un lugar en la vida política de la nación. Parecía encontrarse una luz en el denso túnel de la miseria y terror que síquicamente había desmoronado el protagonismo de las masas. Pero ese maravilloso despertar de conciencia no pasó de ser una efímera exclamación de justicia, pues era evidente que una sociedad igualitaria atacaría los intereses de las clases dominantes, quienes ayudadas por la sombra fascista del imperialismo castigarían vehementemente la osadía de los comunistas; su filantropía sería rápidamente cegada por la represión, que mientras en Colombia fuera ejercida clandestinamente, en otros territorios latinoamericanos sería constituida por cruentas dictaduras militares. El naciente narcotráfico se aliaría con la causa capitalista y esto, sumado a la persecución estatal, obligó a los seguidores marxistas-leninistas a unirse a la lucha armada. La violencia recibiría en su seno a nuevos protagonistas que, como el narcotráfico, escribirían una nueva página en el legado de muerte suscrito a la historia colombiana.

Grupos como el M-19 despertaban la admiración y el apoyo popular, que sin embargo era corregido con la represión de grupos ultraderechistas que se sumaban a la confrontación armada. El Estado debía enfrentarse ya no únicamente al riesgo en la pérdida de credibilidad política, pues su autoridad se veía amenazada, de un lado, por la propia derecha, de otro por las guerrillas izquierdistas y finalmente y con mayor premura, del narcotráfico. La estabilidad política, o al menos la del régimen, se vio seriamente afectada con la presión ejercida por estos tres actores, que no sólo opacaban el poder de dominio estatal, sino que ponían al descubierto la incapacidad operativa de la fuerza pública, quien no lograba ejercer el control en las zonas estratégicas (zonas selváticas y montañosas del país) que narcotraficantes y paramilitares, conjuntamente, se disputaban con los grupos guerrilleros. Esta situación manchaba nuevamente la imagen internacional de Colombia, pues a la continua violación de los derechos humanos se sumaba el evolutivo tráfico de drogas por parte de grupos organizados colombianos, principalmente hacia los Estados Unidos. El gobierno colombiano, a más de la crisis interna, debía soportar las quejas de los norteamericanos que reclamaban a nuestro Estado una pronta solución.

No obstante los hostigamientos de la subversión, y vistas las exigencias de los norteamericanos, el Estado debía olvidarse por un momento de la lucha en contra de las guerrillas para concentrarse en la definitiva destrucción de los carteles de la droga. Personajes como Rodrigo Lara Bonilla (ex ministro de Justicia) y Luis Carlos Galán (ex ministro de Educación y ex precandidato a la Presidencia), le declararon una abierta guerra a estos grupos, que poco tardaron en introducirse en la vida política. Los jefes de los carteles advirtieron la importancia de su inclusión en la actividad pública al abrirse el debate sobre la viabilidad de una ley de extradición; el poderío económico que les dejaba la ilegalidad facilitó su influencia en las instituciones gubernamentales y los dineros provenientes de la mafia se diseminaron en todos los estamentos burocráticos. La omnipotencia del narcotráfico provocó la degeneración total del sistema político, haciendo que los márgenes de corrupción llegaran a un nivel inaguantable, que hacía crecer la desconfianza por parte del electorado. Por su parte, Lara —quien fue el primero de los sacrificados— y Galán —que liderara ampliamente las encuestas de la contienda electoral para el periodo presidencial que se iniciaría en 1990— apoyaban firmemente la iniciativa de la extradición; ellos representaban la piedra en el zapato de los narcotraficantes, que no repararían en perpetrar varios atentados, que al final segaron sus vidas. La situación se salía de las manos del Estado, que si bien obtuvo un cierto respiro al lograr la desmovilización del M-19 y la Unión Patriótica, no conseguía resultados concretos en lucha contra la mafia, mientras la presión norteamericana no cesaba.

Luego del asesinato de Galán, el gobierno reforzó la lucha contra los narcotraficantes, quienes no sólo habían fracasado en su empeño por impedir la aprobación de la ley de extradición, sino que ahora se veían sumidos en un duro enfrentamiento, cuando los dos grandes grupos del crimen organizado, los carteles de Cali y Medellín, se disputaban el control en el tráfico de estupefacientes. A lo expuesto se adhería el hostigamiento de los grupos de ultraderecha en contra de los ex combatientes izquierdistas, recientemente reinsertados a la vida civil. Nuevamente el terror, el pánico y la impunidad se apoderaron de la nación a fuerza de la intimidación, provocada por un sinnúmero de atentados dirigidos desde todos los flancos y hacia todas las fuerzas antagónicas, que dejaron aterradores saldos de víctimas mortales, entre quienes se cuentan a varios personajes de la vida pública y a millares de inocentes ciudadanos. A pesar de los declarados esfuerzos del Estado por castigar a los culpables de este espantoso derramamiento de sangre, la corrupción de sus organismos impidió el esclarecimiento de los hechos y prolongó la miseria de los afectados. La situación era incorregible y los victimarios (guerrilla, paramilitares, gobierno y narcotráfico) impedían que la población saliera de su estado de indefensión e infinita pobreza.

Más adelante, los organismos del Estado darían un golpe aparentemente letal a los narcotraficantes con el desmantelamiento del cartel de Medellín, que se culminara luego del abatimiento de su jefe máximo, Pablo Escobar Gaviria. La imagen del gobierno de turno ganaba prestigio, pues no sólo había logrado acabar con quien fue considerado el criminal más buscado del mundo; también se le atribuyó un importante papel en la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente y, como si fuera poco, había dado un gran auge a la economía nacional, haciéndola dependiente ya no únicamente del capital norteamericano y venezolano, sino de muchas otras naciones del mundo; “Colombia, por primera vez, entraba a competir en el mercado mundial y sus relaciones diplomáticas habían mejorado, gracias a los resultados generados en la lucha contra el narcotráfico” —se decía. Apologéticos discursos se cernían en torno a la labor del en ese entonces mandatario, César Gaviria Trujillo, que en realidad lo único que había logrado era la quiebra de varios sectores de la industria nacional, el monopolio en el tráfico de drogas por parte del cartel de Cali y la inclusión de los grupos guerrilleros en su cultivo y procesamiento. La economía nacional acrecentaba su dependencia de capitales extranjeros y la miseria seguía siendo el rasgo distintivo en la mayor parte de la población.

Si se cree que por lo enunciado, la indignación no puede elevar su grado, el más grande escándalo de corrupción en la historia de la política colombiana revertirá la idea. Todo se hizo audible cuando se descubrió que la campaña presidencial de Ernesto Samper Pizano fue financiada por dineros provenientes de la mafia. Injurias, detenciones, asesinatos y otra serie de maquiavélicas acciones hicieron parte de un proceso en el que se intentó develar la culpabilidad de un mandatario, que contó con el garante respaldo de todos los organismos del Estado; pues mientras la fuerza pública se encargó de destruir rápidamente al cartel de Cali —con el afán de estrangular todas las dudas que pudiesen surgir en torno a la honradez del jefe del gobierno—, la Fiscalía General de la Nación se las arregló para demostrar su inocencia y finalmente, fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia. Esta, que ha sido considerada la más grave crisis política que ha enfrentado el país —como gran novedad—, produjo la arremetida de los alzados en armas, que, fortalecidos por el absoluto control en el tráfico de drogas, intensificaron los hostigamientos. Desde entonces el fenómeno del desplazamiento ha crecido en proporciones alarmantes y las grandes ciudades han sido testigos de cómo la fuerza del terror destruye la dignidad de miles y miles de familias campesinas, que se ven avocadas a mendigar en medio de la indiferencia y de su propio dolor.

Fallidos procesos de paz, sospechosas desmovilizaciones de grupos al margen de la ley y acuerdos económicos que van en detrimento de los intereses de la población, siguen rompiendo los lazos cohesivos de una sociedad que está al borde del colapso. Mientras la clase tradicional se perpetúa en el poder y legitima la impávida acción de un sector del narcoterrorismo, la masa popular se mantiene desprotegida por el Estado e intimidada por actores armados que prostituyen la impoluta doctrina marxista. La miseria se extiende por todos los rincones de la patria, la delincuencia común reina en los sectores marginales de las grandes ciudades y la economía nacional se subyuga cada vez más al monstruoso imperialismo norteamericano. La coyuntura crece a medida que se acerca la contienda electoral en la que seguramente, la demagogia vencerá la conciencia de los votantes y el autoritarismo disfrazado de redención, tomará por otro período las directrices del gobierno. Es un negro panorama en el que se vislumbra el recrudecimiento de todos los cánceres de los que padece nuestra querida Colombia.

 

III. El desahucio

Un enfermo terminal es el que nos ha acogido, desde el momento mismo de su nacimiento. Esa Colombia que vivió y soñó con la prosperidad, la armonía y la confraternidad, nunca se ha presentado ante nuestros ojos y, peor aun, parece negarse a llegar a ese paraje. El camino de la esperanza se complejiza cuando logramos advertir que su historia pretérita no fue tan maravillosa, y quienes se propusieron darle el estatus de república no lo hicieron en razón a una mera conciencia libertaria, por el contrario, la satisfacción de sus propios intereses fue la que en últimas los impulsó a fundar un país que se condenó a sí mismo a vivir en el desahucio. Esta eterna penumbra a la que estamos sometidos, es también la consecuencia de una política envenenada que se desdibujó por su propia estructura malsana y causó incurables heridas en una población que se acostumbró a la muerte y la venganza, creada por un resentimiento que sirve de plataforma a nuevas manifestaciones violentas. Colombia es el resultado de la misantropía, de la putrefacta mezcla entre el terror y la impavidez.

Se nos dificulta una clasificación periódica exacta de la historia colombiana, cuando el camino de la autodestrucción se autoproclamó como el único punto de referencia. Los discursos políticos nunca se tradujeron en un proyecto de ejecución; abandonaron sus lineamientos ideológicos para difuminarse en el juego de la guerra y sus representantes se limitaron a desvirtuar la posición de la contraparte, derogando la construcción de un auténtico proceso político. Mientras tanto, la estructura social nunca abandonó las barreras entre opresores y oprimidos, y la economía nacional jamás logró su independencia. Por estas razones, aunque los historiadores hayan delimitado rigurosamente las diferentes épocas, yo no podría encontrar transformaciones que me indicasen giros procedentes y no logro más que reseñar que cada momento de la historia ha sido el espejo de su predecesor.

Lo que resta por decir es que, mientras las masas populares no posean una conciencia rebelde, mientras no sientan el brío que los impulse a volcarse como legítimos protagonistas de la acción política, su derrota y la de la misma patria seguirá siendo inminente. Es necesario que los intelectuales se unan a la causa de una auténtica revolución que engendre una radical conversión cultural, en la que no tengan cabida la muerte y el terror; pues la derrota de los grupos de izquierda no sólo radica en su falta de cohesión, también en su acepción hacia la lucha armada como único camino de la victoria. La idea que debemos asumir es la de convocar a todas las capas marginales, con las que logremos concretar un proyecto serio, capaz de vencer las redes del capitalismo y el proteccionismo estatal, dirigido por las clases tradicionales. Sólo un Estado igualitario en el que imperen la confraternidad y la cohesión social, será capaz de responder a las exigencias de todos sus ciudadanos; aunque cabe anotar que su ideal funcionamiento dependerá de la adhesión de otras naciones que logren tal estado de equilibrio. Utópico o no, es la única salida digna, en la que no se vislumbran desavenencias.