Editorial
Miedo

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El pasado 27 de mayo finalizó la concesión del canal privado venezolano Radio Caracas Televisión (RCTV), que quedó desde entonces impedido de transmitir en televisión abierta dado que dicha concesión no sería renovada por el gobierno de Venezuela, tal como se venía anunciando desde varios meses atrás.

La medida, bien conocida por todos pues sus implicaciones han sido discutidas en varios medios internacionales, ha despertado reacciones encontradas en Venezuela. Principalmente durante los días posteriores a la salida del aire del canal, grupos de ciudadanos venezolanos han salido a las calles de diversas ciudades del país para manifestar rechazo o apoyo en relación con la decisión de las autoridades.

Lo que se está viviendo en Venezuela en estos momentos es un auténtico polvorín social. Quienes rechazan la medida lo hacen en la convicción de que el gobierno ha hecho uso de su control sobre las concesiones del espectro radioeléctrico para mitigar la acción de la oposición. Quienes la apoyan, remiten a un oscuro historial de RCTV en relación con el manejo de la información, el tratamiento que el grupo empresarial 1BC —propietario del canal— le ha dado a algunos de sus empleados, especialmente en los años del gobierno de Hugo Chávez Frías, y la comprobada participación del canal en diversas iniciativas contra el mismo gobierno.

La libertad de expresión es el bien más preciado de las sociedades contemporáneas. El concepto mismo de libertad se fundamenta en gran medida sobre el derecho indiscutible que todos tenemos de enfrentar con la palabra cualquier vulneración contra nuestra dignidad como seres humanos. Es por ello que se considera que un Estado ideal debe crear y sostener todas las herramientas legales necesarias para los casos en que el uso de la libertad de expresión por parte de un individuo afecta los derechos de otro. De esta manera, la concepción de la libertad de expresión encontraría, como único límite, el que delinea la obvia responsabilidad de cada individuo.

Tenemos la convicción de que cada uno de los delitos que se han atribuido a la directiva de RCTV podían ser ventilados en predios jurídicos. Tal procedimiento habría sido justo e irreprochable, y habría mantenido incólume el concepto de libertad de expresión. Las justificaciones de la medida nos parecen insuficientes unas y erradas otras, y creemos que la aparición de conductas de autocensura, en otros medios que en el pasado también participaron en acciones contra el gobierno y que hoy se han asegurado su permanencia al eliminar la crítica de sus contenidos, es un claro indicador de que se ha impuesto en esos medios un sentimiento hasta ayer difuso: el miedo.