Nunca se imaginó Tomás Segovia que una declaración suya desencadenaría una situación tan penosa como la que han protagonizado, a lo largo ya de casi dos años, la familia Rulfo —herederos del autor de Pedro Páramo— y la Asociación Civil del Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo, que entrega anualmente el Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo en el marco de la Feria Internacional de Literatura de Guadalajara (FIL). “Nadie sabe por qué Rulfo tenía ese talento”, dijo Segovia —el ganador del premio Rulfo 2005—, en aquella infortunada ocasión. “En otros escritores uno puede rastrear el trabajo, la cultura, las influencias, incluso la biografía. Pero Rulfo es un puro milagro, nadie sabe por qué tiene ese talento. No tuvo una vida muy deslumbrante, no fue un gran estudioso ni un gran conocedor”.

Quienes han seguido el desarrollo de este peculiar impasse, que a nuestro juicio le debe más a una excesiva sensibilidad de una de las partes y a la absoluta intransigencia de ambas, recordarán que la familia Rulfo empezó a exigir se liberara al nombre del escritor jalisciense de cualquier relación con la asociación y con el premio. Ante la negativa de la asociación, los Rulfo —asesorados por el abogado Gabriel Larrea, un respetado experto mexicano en derecho autoral— optaron, en mayo de 2006, por una salida poco ortodoxa: registraron el nombre de Juan Rulfo como marca registrada. Aunque en un primer momento la asociación afirmaba que tal registro “no afecta de ninguna manera la convocatoria al premio”, a finales de octubre resolvieron borrar del galardón el nombre del escritor.

Sin embargo, el conflicto tomó en estos días un giro inesperado. El 26 de junio, la Asociación Civil del Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo emitió un comunicado en el que anunciaba que, un mes antes, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (Impi), la misma instancia en la que previamente fuera registrado el nombre, había anulado la marca “debido a que para su obtención, el solicitante aportó datos falsos en su solicitud”.

Por supuesto, la respuesta de los Rulfo fue inmediata. Larrea anunció en rueda de prensa que sus representados tomarían todas las acciones legales que fueran necesarias para “defender y hacer respetar los derechos de Juan Rulfo”, agregando que la anulación del registro no implica una autorización legal para que la FIL use nuevamente el nombre del escritor en su prestigioso premio. Y aclarando, también, que los datos con los que se procedió a registrar la marca son completamente ciertos.

La asociación, por su parte, parece creer que este es el episodio final del conflicto. En los párrafos finales de su comunicado, la FIL proclama que “las determinaciones del Impi abaten el duro e injusto cuestionamiento que se hizo del derecho de la Asociación Civil del Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo para poder dar el nombre de este connotado escritor jalisciense al premio que otorga y que se ha convertido en uno de los más importantes galardones de las letras iberoamericanas”, recordando más adelante que la eliminación del nombre de Rulfo en la edición del premio de 2006 —que recayó sobre Carlos Monsiváis— se materializó “por cortesía a la familia Rulfo”. La asociación anunció finalmente que la próxima asamblea de asociados podría decidir recobrar el nombre de Rulfo para su premio.

En nuestra opinión, este problema ha dado tantas vueltas que las partes ya han olvidado el propósito que según ellas las motivó a entablar este litigio: el respeto que merece la memoria de uno de los más importantes escritores del idioma castellano. Reponer en el premio el nombre de Rulfo es una decisión más delicada de lo que parece, pues alguna instancia superior al Impi podría, en un futuro, fallar a favor de los herederos del escritor, toda vez que la anulación de la marca está fundada en lo que consideramos un tecnicismo legal. Y sería muy, pero muy irrespetuoso que el nombre del autor de Pedro Páramo estuviera apareciendo y desapareciendo a merced del orgullo, y de la incapacidad para llegar a acuerdos, de quienes por herencia o tradición tienen en sus manos el deber de honrarlo.