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Denuncian destrucción de libros en bibliotecas venezolanas
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Ignacio Barreto, director de la Biblioteca Nacional, califica la denuncia de “rumor”

Una investigación de la periodista Laura Helena Castillo, publicada el pasado 29 de marzo por el diario venezolano El Nacional, afirma que entre 2007 y 2008 fueron destruidos más de 60.000 libros de las 36 bibliotecas públicas del estado Miranda, que habrían sido vendidos a la empresa Recuperadora 31-35, de la ciudad de Los Teques, por 0,35 bolívares el kilogramo.

El director del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y Servicios de Biblioteca, Ignacio Barreto, ha publicado este jueves 2 de abril una respuesta a tales señalamientos calificándolos de “rumor” y condenando el que “ningún medio de comunicación” se haya hecho eco de “numerosas denuncias” recibidas por su despacho “en torno a la desincorporación de libros de contenido político afín al proceso de transformación que lidera el presidente Chávez de las bibliotecas públicas de Miranda, Táchira y Carabobo”.

Según la investigación de Castillo, los libros destruidos fueron incluidos de forma irregular en las listas de descarte de las mencionadas bibliotecas por el Instituto Autónomo de Bibliotecas e Información de Miranda (Iabim). El hecho habría ocurrido durante el gobierno de Diosdado Cabello, de corriente oficialista, y ha sido descubierto por una auditoría reciente encargada por el gobierno actual de Henrique Capriles Radonski, de oposición.

“La operación de destrucción de libros —un bien caro y escaso en este país— quedó registrada en actas de auditoría, todas apiladas en cajas de cartón en la oficina de la presidencia del instituto, a las que les anexaron los cheques y los comprobantes de los depósitos por el monto que la Recuperadora 31-35 pagó a la institución del Estado”, explica el reportaje.

Entre los libros que habrían sido destruidos se encontrarían las Obras completas de Rómulo Gallegos editadas por Aguilar en 1959, ejemplares de Doña Bárbara, también de Gallegos; El otoño del patriarca, de Gabriel García Márquez; Don Quijote de La Mancha, de Miguel de Cervantes y hasta Conceptos elementales del materialismo histórico, de Marta Harnecker, además de libros de historia local pese a que las regulaciones en la materia especifican que los títulos sobre estos temas jamás deben entrar en las listas de descarte. “En la lista hay de todo”, explica Castillo. “Religión, historia, literatura, política, material braille, textos infantiles”.

El descarte de libros en las bibliotecas venezolanas ha sido completamente normado por el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional, que actualizó en 2008 —durante la dirección del escritor Fernando Báez— su manual Descarte y Desincorporación de Materiales Bibliográficos en las Bibliotecas Públicas, a partir de uno ya existente. “En el caso de Miranda el problema está, precisamente, en el criterio irregular para desechar decenas de miles de obras y traer unas pocas a los estantes. No pertinente, excedente y mal estado fueron los tres juicios más comunes y muchas actas no especifican las razones del descarte”, indica Castillo.

Según el manual, cuando se considera el descarte de fondos de una biblioteca debe pensarse antes en la posibilidad de transferirlo o donarlo a otra sala, o bien canjearlo con otra institución. “Pero en la aniquilación mirandina las actas testifican que los 62.262 libros fueron a parar al molino, pabellón de la muerte de la cultura”, agrega el reportaje.

Castillo entrevistó asimismo a Báez, quien negó haber estado enterado de la situación. “A mí me interesaría conocer de cerca el caso de los descartes de esos materiales”, respondió quien ejerciera la dirección de la Biblioteca Nacional hasta diciembre de 2008. “No tengo los informes a la mano, nunca se me reportó nada parecido. El tema me interesa mucho y lo anoté dentro de mis apuntes”, aseguró.

Según Báez, hubo muy poca relación entre la Biblioteca Nacional y el Iabim en el período señalado, y así lo corrobora Miriam Hermoso, presidenta del instituto: “En los últimos años, el Iabim se divorció del ente rector. Por eso se presentaron debilidades en los fundamentos legales para la desincorporación de material”.

En una entrevista hecha por Omar Véliz, otro periodista del mismo medio, a Ignacio Barreto, director de la Biblioteca Nacional, y Milagros Calderón, directora del Programa de Servicio de Bibliotecas Públicas, los funcionarios coincidieron en que están obligados a emprender una investigación que determine las responsabilidades del caso. “Nosotros somos órgano rector y tenemos que estar al tanto de todo lo que está ocurriendo en los estados. Hemos tenido conversaciones con Miriam Hermoso. Estamos recopilando información sobre la situación de todas las bibliotecas del estado Miranda”.

Barreto explicó que, aunque su despacho está interesado en el tema, “hay instancias”. Agregó que “cuando se hace una normativa de descarte no sólo sirve al encargado de la biblioteca, sino que debe ser atendida por las distintas instancias de control interno. Si hablamos de un instituto autónomo, allí debió haber una auditoría interna que tiene que decir si eso se hizo bien. Las redes del estado están en obligación de mandarnos los informes”.

El director de la Biblioteca Nacional niega la existencia de informes de desincorporación del instituto mirandino para el período señalado. “Por eso nuestro interés en aclarar la información”.

En su respuesta del 2 de abril, Barreto sitúa la denuncia del diario El Nacional en el contexto de “arremetidas de los enemigos del proceso revolucionario liderado por el comandante Hugo Rafael Chávez Frías”, agregando que se trata de una campaña de “laboratorios de la derecha” que ha resultado “poco exitosa”.

“Durante el mes de marzo”, explica el director de la Biblioteca Nacional, “se ha convertido en escalada mediática el rumor según el cual se viene practicando la incineración selectiva de libros provenientes de las bibliotecas públicas, acción detectada (...) en las bibliotecas pertenecientes a la gobernación del estado Miranda”.

“Se acusa al gobernador saliente, Diosdado Cabello, de haber acabado con colecciones completas de libros ‘incómodos’ al régimen”, indica Barreto, y continúa, refiriéndose a Castillo: “Tímidamente una periodista se atreve a afirmar que ‘desincorporar y descartar libros es un proceso natural en la renovación de cualquier biblioteca (...) en ese tema todo esta normado, escrito y soportado por el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional’, pero, con todo y eso, hablan de criterios irregulares que, sin embargo, no aparecen en ninguna de las actas. Nos preguntamos: si no aparecen en las actas, ¿cómo se presume que los criterios fueron distintos a los establecidos en el manual?”.

Según Barreto, en contraste, su despacho ha venido recibiendo desde enero “numerosas denuncias en torno a la desincorporación de libros de contenido político afín al proceso de transformación que lidera el presidente Chávez de las bibliotecas públicas de Miranda, Táchira y Carabobo, hecho del cual no se hizo eco ningún medio de comunicación”.

Fuentes: El NacionalVive