La Junta de Andalucía anunció el pasado 14 de julio que podría iniciar este otoño la apertura de la fosa común en la que se cree que están enterrados los restos del poeta español Federico García Lorca, asesinado por milicianos fascistas en la madrugada del 18 de agosto de 1936 junto al barranco de Víznar, en Granada, España.

La Consejería de Justicia y Administración Pública, que dirige Begoña Álvarez, está ultimando un protocolo por el que antes de fin de año se proceda a la apertura de la fosa, con independencia de la voluntad contraria de los descendientes del escritor, que siempre se han manifestado en contra.

Explicó que antes de iniciar la elaboración del protocolo que permitirá excavar el enterramiento donde supuestamente está el poeta y otros de este tipo, Justicia ha efectuado contactos “científicos y jurídicos”. Este proceso previo se ha realizado para “tener la seguridad” de que se puede proceder a la apertura “con el máximo respeto a los derechos y con todas las garantías para todos los familiares de las personas que presuntamente están en esta fosa”.

Los familiares tanto del maestro republicano Dióscoro Galindo como de los dos banderilleros anarquistas, Francisco Galadí y Joaquín Arcollas, que fueron fusilados junto a Lorca, sí han venido reclamando insistentemente a la junta y a los tribunales de Justicia la exhumación de los restos.

Ahora, el gobierno andaluz que preside José Antonio Griñán se dispone a ofrecer financiación y asesoramiento técnico para el desenterramiento de los cadáveres, alegando el “interés público” de la recuperación de la memoria histórica.

La administración autonómica asumirá la dirección de los trabajos y, una vez localizados los restos, se pondrían inmediatamente a disposición de la autoridad judicial, que será la que tenga finalmente la última palabra sobre el destino que haya que dar a los restos.

El viernes 17, el forense José Antonio Lorente, director del Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Granada (UGR), declaró que defiende la identificación “positiva” y no “por exclusión” de los restos. Indicó, asimismo, que las identificaciones deben ser siempre “fehacientes” y que no caben actuaciones “parciales ni por exclusión”, por lo que ha considerado “completamente posible” excavar la fosa de Lorca sin necesidad de identificar todos los restos.

El profesor forense ha puesto como ejemplo un accidente de tráfico con cinco fallecidos en el que sólo los familiares de cuatro de las víctimas piden identificarlos y sólo ellas ofrecen datos comparativos, lo que impediría que los profesionales pusieran nombre y apellidos a la quinta víctima al no disponer de datos objetivos sobre ese cuerpo.

Respecto a la fosa de Alfacar, Lorente ha asegurado que “por exclusión” podrían quedar uno o varios cuerpos sin identificar sobre los que “cada uno es libre de pensar de acuerdo a la historia de quién pueden ser, pero nunca será una identificación médico-forense”.

Tras las fases de individualización y estudio antropológico de los restos, el proceso de identificación se completa con una prueba de ADN en la que se comparan los datos de los huesos con los de familiares directos de la supuesta víctima que los faciliten, un proceso “voluntario” que “en ningún caso” se hace si no lo ha pedido la familia o hayan sido requeridos judicialmente.

Estas declaraciones se producen después de que el antropólogo Miguel Botella detallara que antes de llevar a cabo las pruebas genéticas, los restos deberán ser sometidos a un proceso de “individualización” de los huesos y a pruebas de superposición de imágenes en 3D que permitirán concretar a qué víctima pertenece cada uno de ellos.

Álvarez, por su parte, reiteró que la legalidad y los requisitos científicos son “compatibles” en este caso y los dos “apuntan” a que es posible abrir la fosa sin necesidad de identificar fehacientemente todos los restos, ya que no es posible hacer ninguna identificación “por exclusión”.

Fuentes: El Mundo