Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, presentó un proyecto de ley especial contra delitos mediáticos, del que la AN se desligó.

Este sábado 1 de agosto el gobierno venezolano revocó las concesiones, a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), a 34 estaciones de radio de Miranda, Vargas, Falcón, Zulia, Táchira y Distrito Capital, de un contingente de más de doscientas de todo el país que están siendo investigadas por el ente gubernamental.

Conatel informó que el proceso afecta a emisoras “en aquellos casos de vencimiento de la concesión o permiso, titulares de las concesiones fallecidos y otra persona explota ilegalmente el servicio y, renuncia a las concesiones o permisos, en aquellos casos en que el titular no solicitó la adecuación de sus permisos al marco legal vigente en el período estipulado, entre otros”.

El hecho ha levantado reacciones de entidades como la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión (CVIR), que opina que “es inconstitucional cerrar estaciones de radio sin que se haya abierto un procedimiento previo, sin que los afectados se hayan podido defender y conocer de qué se trata dicho proceso, y sin que culmine el mismo con una decisión en contra, con expreso fundamento en disposiciones legales”.

Diosdado Cabello, ministro de Obras Públicas y Viviendas y director de Conatel, ha respondido a estos señalamientos indicando que Conatel convocó a un censo para actualización de datos al que algunas emisoras no asistieron. En base a eso se realizó una revisión que concluyó con la remoción de las concesiones en los casos en que procedía.

La nota de prensa de Conatel ofrece como ejemplo el caso de la emisora CNB 102.3 FM, donde “se declaró la cesación de los efectos jurídicos del permiso que autorizaba el uso y explotación de la frecuencia 102.3 MHz a la ciudadana Rosa Rodríguez de Guiscafre por cuanto legalmente ésta renunció al permiso, cuando la explotación de la frecuencia la estaba realizando la sociedad mercantil CNB 102.3 Caraqueña FM, sin contar con la debida autorización para ello”.

El domingo 2 de agosto, el ministro Cabello retó a los propietarios de las emisoras afectadas a consignar la documentación que los acredita como concesionarios legales. En respuesta, el mismo día, Nelson Belfort, presidente de la CVIR y propietario de CNB 102.3, alegó haber consignado ante Conatel, en dos oportunidades —en los años 2000 y 2002—, la documentación pertinente para la renovación de la concesión.

“Hemos entregado la documentación, si (Cabello) quiere la volvemos a entregar, las metimos en el año 2000 y 2002. Hemos dicho que queremos reunirnos con Conatel para darle los papeles, pero, ¿qué quieren que les volvamos a entregar? ¿Las fotocopias de papeles que ya les hemos entregado? Queremos seguir siendo concesionarios de las emisoras del circuito, queremos seguir siendo operadores porque tenemos una audiencia”, dijo Belfort.

En su artículo 73, la Ley de Telecomunicaciones de Venezuela, sancionada en 2000 con el objetivo de “garantizar el derecho humano de las personas a la comunicación y a la realización de las actividades económicas de telecomunicaciones necesarias para lograrlo”, establece que estas concesiones —que son actos administrativos unilaterales de Conatel— no pueden cederse o enajenarse, aunque se prevé un procedimiento para la sustitución del titular.

“El concesionario podrá solicitar (...) su sustitución en la titularidad de la concesión por la persona que indique al efecto, siempre que ésta cumpla con las condiciones y principios establecidos en esta ley”, reza el referido artículo. Al revocarse una concesión, el titular queda inhabilitado de obtener otra por un lapso de cinco años, como establece el artículo 172.

Paralelamente al cese de las concesiones, la Fiscal General de la República, doctora Luisa Ortega Díaz, presentó el pasado jueves 30 de julio, ante la Asamblea Nacional (AN), un proyecto de ley especial contra delitos mediáticos, un texto legal que está siendo procesado por la Comisión de Medios de la AN y que pretende satisfacer la intención, expresada por diversos personeros del gobierno —entre ellos Diosdado Cabello, titular de Conatel—, de limitar la libertad de expresión, por considerarse que ésta “no puede estar por encima de la seguridad del Estado”, como declaró Ortega Díaz al momento de presentar el proyecto. El texto del proyecto y el video que recoge la presentación de Ortega Díaz pueden apreciarse en nuestra entrega especial de ese día.

La propuesta incluye sanciones a quienes incurran en “acciones y omisiones que lesionen el derecho a la información oportuna, veraz e imparcial”, aunque no deja claro bajo qué parámetros podrá considerarse oportuno, veraz e imparcial un contenido. Igualmente, prevé castigos a quienes manipulen información que genere “una falsa percepción de los hechos” o cree “una matriz de opinión en la sociedad”, si con ello resultan lesionadas “la paz social, la seguridad nacional, el orden público o la salud mental o moral pública”.

El proyecto prevé sanciones también para el responsable de un medio “que se niegue a revelar la identidad del autor de la emisión o artículo periodístico publicado bajo seudónimo o en forma anónima”, o para el que pretenda “infundir un temor a otros”. Sin embargo, exime de estas penas a los responsables de medios “respecto de las opiniones emitidas por los parlamentarios en el ejercicio de sus funciones”.

Ortega Díaz presentó su propuesta el jueves 30, y el martes 4 la Asamblea Nacional se desligó de la misma.

Sin embargo, al cierre de esta edición, el martes 4 de agosto, la Asamblea Nacional se desligó del proyecto presentado por Ortega Díaz. El diputado Manuel Villalba, en rueda de prensa, manifestó ese día ante la prensa que la propuesta no cuenta con el consenso en el seno de la Comisión de Medios de la AN.

“A partir de allí hemos convenido que es necesario considerar todos los elementos jurídicos que tenemos a mano en contra del terrorismo mediático, convocando a los consejos comunales, trabajadores y estudiantes, a continuar en un debate en el que la sociedad venezolana debe seguir participando”, comentó.

Negó, por otro lado, que exista tal proyecto. “Queremos reiterar que no es verdad que en esta AN exista o haya llegado una propuesta de ley que contenga 17 artículos. Lo que el país contempló el pasado jueves no es otra cosa que lo que la fiscal señaló de unos aportes que hemos venido discutiendo en esta comisión, donde no existe consenso”.

El parlamentario indicó que allí existen periodistas que tienen posiciones distintas y que en base a eso, “hemos abierto la discusión como lo ha hecho la AN en todo lo que tiene que ver con el terrorismo mediático”. Precisó que ese “terrorismo mediático” se refleja cuando hay empresas de comunicación que llaman al pueblo a desconocer las medidas que el gobierno ha tomado en el marco de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.

“Si algún gobierno ha sido respetuoso de la libertad de expresión, ha sido precisamente este. Tan sólo que no puede nadie apoyarse en una patente de corso y pretender decir que la libertad de expresión no tiene límite”, aseveró.

Señaló que por ello valoran la proposición de la fiscal Ortega Díaz, por cuanto ella es la garante de los derechos de los venezolanos y en ese sentido, “quién más que ella también para expresar su preocupación por la impunidad de ese terrorismo mediático”.

“Queremos aclarar esa situación sobre todo porque hemos visto cómo desde el espacio internacional, la triangulación que existe no sólo desde Estados Unidos, sino también desde España y Colombia, países que pretenden hacer ver que en nuestro país hay persecución y limitación a la libertad de expresión”, recalcó.

Fuentes: ABN • Conatel • CVIR • El Universal • RNV