Editorial
El pensamiento como delito

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El gobierno venezolano ha emprendido estos días una ofensiva contra los medios de comunicación, encauzada desde dos frentes: el cierre de medios bajo la figura de la revocación de concesiones radioeléctricas y la presentación de un proyecto de ley especial contra delitos mediáticos, que propone sanciones concretas —años de prisión, prohibición para ejercer cargos directivos en otros medios— para regular conductas tan indeterminadas como “crear matrices de opinión” o “infundir temor”, por ejemplo.

La expresión “delitos mediáticos” es a nuestro juicio un eufemismo decorativo que intenta atenuar lo que la ley termina estableciendo en su articulado: la figura expresa del delito de opinión. La ley no sólo afectará a medios de comunicación —asumiendo por tales los que se adaptan a una idea tradicional del concepto— sino que abarcará a “productores nacionales independientes, periodistas, locutores, conferencistas, artistas y cualquier otra persona que se exprese a través de cualquier medio de comunicación”.

Los delitos tipificados por el texto legal son los siguientes: “las acciones u omisiones que lesionen el derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, que atenten contra la paz social, la seguridad e independencia de la nación, el orden público, estabilidad de las instituciones del Estado, la salud mental o moral pública, que generen sensación de impunidad o de inseguridad y que sean cometidas a través de un medio de comunicación social”. Se establece, también, que será sancionado todo ciudadano que divulgue “noticias falsas que ocasionen una grave alteración a la tranquilidad pública, la hubieren mantenido en zozobra, que haya alterado el orden público, que hubieren producido un perjuicio a los intereses del Estado”.

Se trata, como se puede ver, de un vasto territorio de arenas movedizas. ¿Quién determina si un contenido contiene información oportuna, veraz e imparcial? ¿Desde qué punto de vista se puede determinar si un contenido atenta o no contra la salud mental o la moral pública? ¿Qué es la moral pública? Pensemos en un hipotético funcionario que tenga la posibilidad de ocultar evidencias a fin de convertir en falsa una noticia, con el fin expreso de perjudicar a quien difundió la noticia. La propuesta establece sanciones a casi todo lo que se mueva en el campo de la difusión de contenidos, pero olvida crear las necesarias trincheras detrás de las cuales el ciudadano tenga la posibilidad de defender su opinión y defenderse a sí mismo.

Con unos límites tan borrosos, prácticamente todo aquel que difunda contenidos de cualquier tipo podría ser encarcelado. La denuncia es una herramienta ciudadana universal para que la sociedad pueda acceder a la corrección de situaciones irregulares. Creemos que una ley de este tipo convertiría a la comunicación —ya sea que ésta sea ejercida desde medios poderosos, boletines comunales o incluso desde el individuo— en un campo minado, imponiendo la necesidad de la autocensura para evitar las múltiples penas en que se podría incurrir, en algunos casos de forma inadvertida.

La iniciativa, presentada ante la Asamblea Nacional de Venezuela por la fiscal general Luisa Ortega Díaz el pasado jueves 30 de julio —y que al cierre de esta edición, el martes 4 de agosto, fue desestimada por la misma AN debido a que no ha recibido consenso entre los parlamentarios—, llega apenas unas horas antes de que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) iniciara un proceso de revocaciones masivas de concesiones a más de doscientas estaciones de radio. En el primer paso de este proceso, fueron revocadas las concesiones de treinta y cuatro estaciones, lo que ha desencadenado protestas de diversos tipos en todo el país: desde el aprovechamiento de las redes sociales —en particular Twitter, con el hashtag #FreeMediaVe— como caja de resonancia para comunicar al mundo lo que está ocurriendo, hasta el enfrentamiento físico entre un sector de la ciudadanía contra las fuerzas del orden, en el mejor de los casos, y contra otro sector, en el peor.

Los argumentos para el cierre de medios de comunicación tienen ingredientes legales —plazos vencidos, insuficiencia documental—, sociales —influencia de los medios en la población— o políticos —estos medios adversan al gobierno actual—, pero obvian una verdad fundamental: con el cierre de medios de comunicación se restringe el derecho de los ciudadanos a expresarse en libertad y se abre paso a la penalización de la opinión como conducta habitual de los entes de poder. En la estructura de relaciones que da forma al concepto de libertad de expresión, los medios —y sus demonizados, y en muchos casos demoníacos, propietarios— ocupan un espacio minúsculo, apenas el de un canal, toda vez que el derecho a opinar concierne a cada ciudadano y, por ende, debe garantizarse su ejercicio en todos los ámbitos, lo que por supuesto implica la tolerancia respecto a quien opina de forma inconveniente a quien detenta el poder.

Es harto preocupante que semejantes argumentos descansen sobre la idea de que el Estado debe “proteger” al individuo ante los medios. Esto —que equipara a la ciudadanía con una manada expuesta a los depredadores— es una falacia que tiene sus orígenes en la concepción interesada del ciudadano desprevenido, la víctima indefensa e incapacitada para comprender y enfrentar el mundo que le rodea. Según sus propulsores, la opinión del ciudadano puede ser manipulada por entes externos —sean éstos los medios de comunicación, la empresa privada u otros ciudadanos—; de hecho, todo ciudadano que exprese una opinión en contra del poder es una pobre víctima de la manipulación o bien un conspirador. No tolera el poder, en el caso venezolano, que el ciudadano pueda tener opinión propia y que ésta no sea producto de factores externos ni expresión de una conducta delictiva. Esto es, ni más ni menos, una bofetada a la dignidad y a la inteligencia del ciudadano, algo que, por otro lado, es habitual en las prácticas del poder.