Editorial
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Hay ciertas ideas que nos definen como seres humanos. Líneas de pensamiento que nos distinguen por encima de las respuestas instintivas. La libertad, el derecho a la vida. Las conductas marcadas, las que rechazamos por respeto a estas líneas de pensamiento: hemos internalizado que ofender, golpear, robar o matar al prójimo son comportamientos a los que no debemos rebajarnos porque niegan nuestra condición humana.

Son ideas que están tan ligadas a la identidad del ser humano que incluso en sociedades reprimidas los gobiernos se toman el trabajo de, al menos, mantener la apariencia de respetarlas. Justamente por ello, cuando estas ideas son quebrantadas, cuando el individuo incurre en una de las conductas marcadas y daña de alguna manera a su prójimo, la sociedad acude a aplicar, mediante las leyes, las reparaciones del caso.

La semana pasada la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó en segunda discusión la Ley Orgánica de Educación, hecho que estuvo rodeado de una intensa polémica en diversos ámbitos. Partidarios del gobierno afirman que el nuevo texto legal profundizará el sentido crítico del venezolano y brindará beneficios en otras áreas; para sus detractores se trata sólo de un mecanismo para legalizar la ideologización del sistema educativo.

En uno de los apartes de su artículo 50, la nueva ley conserva parte del artículo 11 de la anterior, específicamente donde se establece que, ya que los medios de comunicación son instrumentos esenciales en el proceso educativo, “se prohíbe la publicación y divulgación de impresos u otras formas de comunicación social que produzcan terror en los niños, inciten al odio, a la agresividad, la indisciplina, deformen el lenguaje y atenten contra los sanos valores del pueblo venezolano, la moral y las buenas costumbres”.

La nueva ley extiende este artículo agregando una sanción expresa: “Quienes dirijan medios de comunicación social están obligados a prestar su cooperación a la tarea educativa y ajustar su programación para el logro de los fines y objetivos consagrados en la Constitución y en la presente ley. Se prohíbe la publicación y divulgación de impresos u otras formas de comunicación social que produzcan terror en los niños, inciten al odio, a la agresividad, la indisciplina, deformen el lenguaje y atenten contra los sanos valores del pueblo venezolano, la moral y las buenas costumbres, la salud mental y física de la población, en caso de infracción de éstos, los órganos rectores en materia de educación solicitarán a la autoridad correspondiente la suspensión inmediata de las actividades o publicaciones de que se trate, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones contenidas en el ordenamiento jurídico venezolano” (cursivas nuestras).

¿Cuáles son esos órganos rectores que tendrán tan amplia capacidad inquisitorial? No queda establecido, como tampoco se garantiza la posibilidad de una defensa contra, por ejemplo, abusos de poder. Las leyes no pueden ser ingenuas, no pueden apostar a que los “órganos rectores” en cualquier materia van a estar siempre en manos de personas honestas pues, cuando dejen de estarlo, la ciudadanía quedará a expensas de arbitrariedades.

El jueves 13 de agosto, mientras en la AN se discutía este texto legal —que sería aprobado durante la madrugada del viernes—, un grupo de periodistas salió a la céntrica avenida Urdaneta, en Caracas, a repartir volantes en los que expresaban su desacuerdo con este artículo. Un grupo de facinerosos que se encontraba por los alrededores los confrontó y, valiéndose de palos, golpes y puntapiés, los “disuadieron” de permanecer en el lugar. La cobarde acción dejó saldo de doce comunicadores lesionados.

La denuncia del hecho fue inmediata gracias, en principio, a que los periodistas afectados pudieron conservar un testimonio gráfico contundente que ese mismo día le dio una vergonzosa vuelta al mundo. Las autoridades iniciaron un trabajo de investigación que al menos al cierre de esta edición había arrojado un detenido y la identificación de otros dos sospechosos.

Conforme han ido pasando las horas, hemos visto con estupefacción —sí, pues aún creemos en esos valores que nos definen como seres humanos— cómo desde sectores afectos al gobierno venezolano se han ido construyendo argumentos para intentar endilgar la responsabilidad de los hechos a los periodistas y, en general, a todo aquel que exprese opiniones contrarias al gusto del poder. Tales construcciones intentan redefinir la protesta legítima de los periodistas como una provocación, su desacuerdo con la nueva ley como una traición, el testimonio claro de la golpiza como una manipulación.

Con el argumento de que los medios han asumido participación política en Venezuela se está creando una atmósfera de demonización de la opinión. Quien se manifieste contrario al lenguaje, a la conducta y a la ideología del poder es calificado como un apátrida capaz de vender su alma al enemigo. Así, inadvertidamente, bajo la bandera de la lucha contra la manipulación de los medios estamos desembocando en la negación del derecho del ciudadano a expresar su opinión. Ese discurso niega la ciudadanía del periodista al integrarlo con el medio para el que trabaja, gracias al funcionamiento de una máquina de generalizaciones que, sin embargo, se siente sumamente ofendida y se escandaliza si alguien insinúa que agresiones como la del jueves, por provenir de sectores afectos al gobierno, podrían ser parte de una iniciativa integral del gobierno. Es como discutir con niños: tengo la razón porque soy yo quien lo dice.

La sola idea de que pueda justificarse hechos como el que aquí comentamos es repugnante. Es torcer los hechos, por la vía de la interpretación forzada hasta el vicio, para desmarcarse de responsabilidades y acusar al agredido. La violencia debe ser condenada per se, por lo que implica en cada caso específico y por lo que implica a nivel general, pero además porque cuando se la intenta justificar la sociedad simplemente se pierde.

Con razonamientos similares un violador escapa a su sentencia aduciendo que la mujer violada vestía de forma provocativa. Con razonamientos similares se han justificado las peores vergüenzas de la historia. Con razonamientos similares han sido admitidos conceptos que hoy en la mente del ciudadano retumban con el sonido de la barbarie pues niegan nuestra condición humana. Conceptos como racismo, homofobia, solución final.