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Solicitarán anular sentencia de muerte del poeta Miguel Hernández
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Los familiares del poeta español Miguel Hernández, muerto en prisión en 1942, solicitarán al Tribunal Supremo de España la anulación del Consejo Sumarísimo 21.001 y de su sentencia, por la que se condenó a muerte al poeta oriolano por “ser izquierdista” y “haberse dedicado a actividades literarias”, entre otros argumentos.

“Un escritor de esta categoría y una persona tan maravillosa como fue Miguel Hernández no se merece, al igual que los demás, esta losa que tiene encima”, según la nuera del poeta, Lucía Izquierdo, para quien esta petición “es lo más importante” que se ha hecho hasta la fecha sobre la figura del poeta.

Esta iniciativa se enmarca dentro de las actuaciones de la Comisión Cívica de Alicante para la Recuperación de la Memoria Histórica, presentadas en rueda de prensa el pasado sábado 31 de octubre con el objetivo de rehabilitar la memoria del poeta en el centenario de su nacimiento, que se conmemora en 2010.

Para Izquierdo, no hay “mejor” momento que ahora, que comienza el centenario, para que “la gente de Miguel Hernández, que es la gente del pueblo”, se una e intente anular su juicio con el fin de que “sirva de ejemplo para el resto que se encuentra en la misma situación”. En este sentido, la comisión cívica y los familiares también pedirán la “reparación y reconocimiento personal del poeta injustamente condenado”.

La petición, regulada por la Ley de la Memoria Histórica, fue presentada en la Subdelegación de Gobierno de Alicante, y se espera su resolución en un plazo de dos o tres meses.

“El mejor homenaje que se le puede hacer cuando se prepara su centenario sería que entrara limpio de toda esa bazofia que el franquismo arrojó sobre él”, destacó Enrique Cerdán Tato, periodista y miembro de la comisión cívica.

El también miembro de la comisión Manuel Parra explicó que, pese a que la pena de muerte se le conmutó por treinta años de prisión seis meses después de la sentencia, el juicio no fue anulado, por lo que piden “la anulación de todo ese proceso” motivado por un “delito de defender un régimen legal y legítimo”, la República.

“La pena de treinta años de prisión, en la práctica, supuso su muerte” por las “condiciones sanitarias ínfimas” de las cárceles españolas, en concreto del Reformatorio de Adultos de Alicante, donde compartió celda con el escritor Buero Vallejo y donde moriría de tuberculosis el 28 de marzo de 1942. Asimismo, indicó que el “sumarísimo de urgencia” por el que se juzgó al poeta es un “esperpento” que “burla todos los preceptos jurídicos” puesto que los acusados “no tenían derecho a hablar”.

En este Consejo Sumarísimo número 21.001, Miguel Hernández fue acusado de ser “izquierdista” y “comisario político” durante la Guerra Civil, “cuando realmente lo fue de cultura”, así como de “haber actuado en el santuario de Santa María de la Cabeza” e, incluso, de “haberse dedicado a actividades literarias”.

Por todo ello, se ha tramitado el citado recurso de revisión del juicio ante el Tribunal Supremo, en base a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si bien entienden que el proceso va a ser “difícil”. En este sentido, han instado a todas las administraciones públicas a que se adhieran a esta petición, máxime cuando en 2010 se va “a homenajear a alguien que sigue condenado a muerte”.

El 5 de noviembre, la Diputación de Alicante aprobó una moción institucional apoyando la solicitud, y tildando la sentencia contra Hernández de “deshonra para los demócratas que piensan, creen y siguen luchando por una sociedad libre”, a la vez que califica de “insulto a su memoria” la pena que le fue impuesta.

Los dos partidos políticos representados en la Diputación, que gobierna el PP con mayoría absoluta, acordaron “apoyar” la iniciativa de la familia del poeta y de los colectivos cívicos que se han sumado a la declaración de reparación y reconocimiento de Hernández.

La moción, a instancia del PSPV, se aprobó por unanimidad, pero sin debate por exigencia del PP. Una representación de la Comisión Cívica celebró con un aplauso este acuerdo. El sindicalista Manuel Parra admitió que se trata de una “grata sorpresa” que el PP se sume a esta iniciativa y confía en que ahora las Cortes Valencianas y el resto de instituciones sigan por el mismo camino.

Las Cortes anunciaron el 7 de noviembre que debatirían si se suman a las peticiones. La propuesta ha sido registrada por Compromís, que presentó una proposición no de ley. De la misma forma, se instará al Consell a que se dirija al gobierno y al Tribunal Supremo para solicitar la anulación del consejo de guerra. Se trataría de “hacer justicia histórica y rehabilitar” la memoria de Hernández.

Fuentes: EFEEl País