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Industria cultural española exige aprobación de la “ley antidescargas”
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La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, un grupo creado por la industria de la propiedad intelectual de España en 2008, se reunió en Madrid este viernes 18 para hacer pública una carta abierta remitida al presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en la que le exigen que no dé marcha atrás en la llamada “ley antidescargas”.

El texto legal, contenido en la disposición final del anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible, autoriza el bloqueo de webs de enlaces a contenidos protegidos por derechos de autor por parte de una comisión administrativa, sin autorización judicial previa.

Los firmantes, que engloban la industria musical, cinematográfica, editorial y de videojuegos, reclaman a Zapatero “respeto”, “seguridad” y “dignidad” para que “esta sangría se acabe ya”. “No podemos permitirnos otra generación orgullosa de su tecnología y que desprecie la cultura que disfruta con ella”, señala la carta.

“Señor presidente, los creadores y las industrias de la cultura ofrecemos nuestro empeño para que la sociedad española aprecie en su justa medida que lo que hacemos tiene valor, también económico. Por eso necesitamos y apoyamos que se establezca una regulación que acabe con la piratería digital”, indica la misiva.

“Nos parece valiente y proporcionado impedir la actual competencia desleal de quienes se apropian o enriquecen en la red con obras robadas a sus creadores y titulares, aprovechando vacíos legales e innovaciones tecnológicas. Y nos parece adecuado que se haga con todas las garantías legales, incluso para los que vulneran sin escrúpulos nuestros derechos”, agrega.

La carta se produce después de que Rodríguez Zapatero, ante el revuelo provocado por el anteproyecto de ley, intentara aplacar los ánimos señalando que “no se cerraría ninguna web”, aunque ni él ni ningún otro miembro del Ejecutivo ha afirmado que vayan a retirar la polémica disposición final que trata de regular las páginas de descargas.

El presidente de la Coalición, Aldo Olcese, antes del comienzo de la reunión, señaló que con esta iniciativa pretenden que el presidente del gobierno “no dé marcha atrás en ninguno de los aspectos de la ley”, que calificó de “mínimos”, aunque no aclaró el controvertido asunto de la tutela judicial del proceso.

Según Olcese, el procedimiento debe estar dotado de garantías judiciales suficientes. “No somos quién para decir cuáles son esas garantías judiciales suficientes. El gobierno debe ser sensible a las peticiones de la industria cultural. Y exigimos que las medidas que adopten sean efectivas; lo que no estamos dispuestos a aceptar es que se haga algo de cara a la galería, que no tenga efectividad y que no sirva para luchar contra la piratería”.

Olcese añadió que están dispuestos a abrir un proceso de diálogo con los internautas y quienes los representan, pero negó que sean interlocutores válidos los promotores del “Manifiesto por los derechos fundamentales en Internet” que se reunieron con la ministra de Cultura de España, Ángeles González-Sinde.

“Estamos dialogando con el sector de los usuarios de Internet que tenga representatividad social. No vamos a dialogar con grupos aislados que no se sabe bien a quién representan”, continuó Olcese, quien citó como representantes “válidos” a la Asociación Española de Usuarios de Internet y las organizaciones de consumidores, que no estuvieron en la reunión con la ministra.

La polémica generada por el tema de los derechos de autor ha producido una reacción inmediata de los ciudadanos, expresada entre otras iniciativas en la campaña “La Lista de Sinde”, una acción de desobediencia en red.

La campaña propone la adopción de un buscador de descargas mediante un código HTML que cualquier usuario puede adoptar en su propia web. Un “elemento autoinculpatorio” que, según la información del sitio, consiste en producir una cantidad de webs “culpables” que se haga inmanejable para el organismo al que el gobierno español designe para hacer cumplir la ley.

“Si en el punto de mira del gobierno hay unas 200 webs de enlaces, nuestro objetivo es responder con un listado de otras 2.000, 20.000, 200.000 páginas que integren buscadores de enlaces”, agrega la información de la campaña. “Si el gobierno quiere terminar con los derechos fundamentales, tendrá que terminar con todas nosotras”.

El sitio también recoge el listado de páginas que se suman a la campaña autoinculpándose “en el ejercicio del derecho a intercambiar cultura libremente”. La lista será entregada a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, al Ministerio de Cultura y a otros órganos públicos.

La campaña se completará con correos masivos a todo tipo de sitios, periódicos, blogs y redes sociales, con el objetivo de darle la mayor difusión. Su nombre alude tanto a la película de Steven Spielberg, La lista de Schindler, como a los 14 blogueros, periodistas, profesores y empresarios de Internet que redactaron el “Manifiesto por los derechos fundamentales en Internet”.

Fuentes: El PaísLa Lista de Sinde