El proyecto de creación de una patente comunitaria, votado por once países en una reunión de ministros de Industria de la Unión Europea (UE) celebrada el pasado 10 de diciembre en Bruselas, Bélgica, reservó el nuevo instrumento a los idiomas alemán, inglés y francés, marginando al español y al italiano a pesar de las gestiones del presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi.

Alemania, que capitaneó la iniciativa de la patente trilingüe, logró el apoyo de Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Lituania, Luxemburgo y Holanda y otros países. España e Italia aseguraron que, no obstante, se “reservan el derecho” a tomar iniciativas judiciales, eventualmente contra el resto de socios (que sí han apoyado la patente trilingüe) para paralizar el proyecto. Madrid analiza acudir al Tribunal de Justicia de la UE, en Luxemburgo.

Lejos de consideraciones filológicas, lo que se jugaba en la reunión era el nivel real de influencia política de Madrid y Roma en Bruselas y el resultado, a tenor de lo ocurrido, parece decepcionante. En definitiva, pone de manifiesto que la construcción europea sigue marcada por el “eje” París-Berlín, el cual, en muchas ocasiones, logra dejar fuera al resto de socios.

El combate de España, encarnado desde hace semanas por el secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido, tiene, en realidad, mucho más que ver con la política que con la industria, a pesar de que el tema sea la “patente europea”. Y es que, como afirmaba el filólogo Elio Antonio de Nebrija (1441-1522), autor de la primera gramática de la lengua española (de 1492), el nexo entre lengua y política es difícil de separar.

Tras conocer que la petición española no fructificaba, López Garrido se mostró abatido y subrayó que aprobar esa patente trilingüe en un reducido grupo de diez socios (según permite el Tratado de Lisboa, con una “cooperación reforzada”), marginando la opinión de otros miembros del bloque, vulnera el espíritu comunitario y “no va con el espíritu y la letra de los tratados”, se lamentó.

“Consideramos que una patente debe basarse sobre la no discriminación y, especialmente, en el caso de España, todo el mundo puede entender que no podamos admitir una discriminación respecto de la lengua española” y la industria que se expresa en esa lengua, explicó.

De nada valió la propuesta hispano-italiana de “seguir trabajando y debatiendo para llegar a un acuerdo para veintisiete socios. No se quiere negociar, se quiere imponer la cooperación reforzada”, agregó el secretario de Estado. “Es una vía que divide a la Unión Europea y que no consigue esa unanimidad que los tratados exigen para el tema lingüístico”, de vital importancia en una organización multilingüe como es la UE.

Fuentes: DPA • EFE