Editorial
Zozobra

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La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este lunes 20 de diciembre la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, un texto legal que ha sido presentado como una herramienta para “promover la justicia social” y “contribuir con la formación de la ciudadanía, la democracia, la paz, los derechos humanos, la cultura, la educación, la salud y el desarrollo social y económico de la nación”.

Objetivos encomiables, si se tomaran al pie de la letra y fuera de contexto, pero que en nuestra opinión tienen el papel de justificar una vía libre construida por el gobierno venezolano para transitar a su través sin la molestia de opiniones o acciones que se opongan a su proceder. La llamada “ley Resorte-ME” es parte de un complejo sistema de mecanismos legales que delegan en el presidente Chávez, y en sus partidarios, un poder inaudito en la historia de Venezuela.

La ley recién aprobada prohíbe expresamente la difusión, a través de servicios de radio, televisión y medios electrónicos, de mensajes que “inciten o promuevan el odio y la intolerancia por razones religiosas, políticas, por diferencia de género, por racismo o xenofobia”; que “inciten o promuevan y/o hagan apología al delito”; que “constituyan propaganda de guerra”; que “fomenten zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público”; que “desconozcan a las autoridades legítimamente constituidas”; que “induzcan al homicidio” o que “inciten o promuevan el incumplimiento del ordenamiento jurídico vigente”.

Y si bien estamos de acuerdo en que el derecho del ciudadano a expresarse en libertad está indisolublemente asociado al deber de no incurrir en acciones ilegales, consideramos que la vaguedad conceptual de estas prohibiciones fomenta el peligro de que quien ejerza la autoridad —independientemente de su filiación política— aplique sanciones a discreción y sin posibilidad de defensa por parte del ciudadano.

Dicho de manera más simple, un texto como este editorial, en el que se manifiesta una abierta crítica a la aprobación de la ley en cuestión, puede ser acusado por la autoridad de constituir una “incitación al incumplimiento del ordenamiento jurídico vigente”. Esto acarrearía, según la ley, sanciones contra el medio. Con todas las instituciones bajo el control del oficialismo, no existe manera de que una acción así pueda ser recurrida legalmente.

De la misma gravedad resulta la mención del “fomento de la zozobra en la ciudadanía”, puesto que ya el gobierno venezolano ha demostrado su tendencia a señalar bajo tal calificativo cualquier material de información o de opinión que ponga en evidencia irregularidades y abusos en que incurran quienes ejercen la autoridad.

Es zozobra, precisamente, lo que se cierne sobre el ciudadano cuando sus autoridades se empeñan en controlar todos los órdenes de la sociedad, desde la participación política hasta el pensamiento mismo, atando las manos para el sano ejercicio de la crítica y promoviendo la autocensura, a la manera del procurador que salva su responsabilidad con el acto simbólico de lavarse las manos.