La Comisión Europea anunció este 14 de julio que realizará una revisión del proceso mediante el cual se le concedió a la ciudad española de San Sebastián la Capitalidad Cultural del año 2016, para conocer si se ha producido un conflicto de intereses.

El pasado martes 28 de junio fue anunciada la decisión de que San Sebastián, con su proyecto “Olas de Energía Ciudadana”, sería la Capital Cultural Europea para 2016, arrebatando a Córdoba su sueño de compartir la Capitalidad con la otra ciudad europea elegida, la polaca Wroclaw.

El sueño cordobés de ostentar la Capitalidad Cultural Europea se empezó a gestar hace una década, tiempo durante el que la ciudad ha trabajado en una candidatura, que, sin perder de vista que uno de sus puntos fuertes es el legado histórico y cultural y su modelo de convivencia de culturas a lo largo de los siglos, ha desarrollado una programación cultural y de creación artística como pocas.

El suyo era también el proyecto económicamente más ambicioso de los seis presentados, con una previsión de gasto de 113 millones de euros. Además era, a priori, la candidata favorita en las quinielas, la gran enemiga a batir, y encabezaba las votaciones realizadas a través del portal en Internet de la Asociación de Ciudades Candidatas a la Capitalidad, con más cien mil votos sobre la segunda más votada, Burgos.

La medida de investigar cómo se desarrolló este proceso es consecuencia de la decisión de José Antonio Nieto, alcalde de Córdoba, de hacer públicos documentos sobre una posible ayuda a San Sebastián desde dentro del jurado, lo que ha levantado tal polvareda que la ministra de Cultura de España, Ángeles González-Sinde, se ha visto obligada a llamar a los alcaldes de las otras ciudades que optaban al título para aplacar la situación.

González-Sinde hizo este llamado la misma tarde del jueves 14, cuando Nieto ya había mostrado los dos polémicos documentos, en los que un usuario del ordenador llamado “COrtega” realiza un memorándum aconsejando a la Universidad de Deusto cómo participar en la redacción del dossier, en qué aspectos, con qué personas clave de la organización.

El Consistorio tiene sospechas fundadas de que este usuario es Cristina Ortega Nuere, quien además de ser miembro del jurado de 2016 fue nombrada para el consejo asesor de cultura del Gobierno vasco.

Bruselas ha informado que sus funcionarios serán “observadores” y que es al Estado español quien le corresponde gestionar este proceso. En las normas del procedimiento, el papel de cada parte queda meridianamente claro. La autoridad de gestión es el Gobierno de España.

Nieto apostó por darle un voto de confianza a Cultura. La ministra ha intentado convencer a los alcaldes de las ciudades que competían con San Sebastián de que el Gobierno se toma en serio la cuestión y de que pretende dar la máxima solvencia a la investigación. El alcalde de Córdoba dijo que González-Sinde le aseguró que la investigación se realizaría “fuesen cuales fuesen las consecuencias”, dijo en una comparecencia.

El Ayuntamiento notificó al Ministerio de Cultura y a la Comisión Europea toda la documentación remitida en un sobre anónimo, diligenciada por el secretario general de la institución y con el trabajo realizado por sus informáticos, que han podido establecer la hoja de ruta de los documentos. Es decir, quién los creó y los guardó y en qué fecha.

Nieto aseguró que su intención es “no parar” hasta que la ciudad encuentre la transparencia debida en el proceso y se tenga la constancia de que se ha actuado de forma limpia y con justicia.

En el Ayuntamiento cordobés no se tiene constancia de cuál va a ser el formato de la investigación de Cultura, quién la va a desarrollar y en qué plazos. La ministra, al parecer, se ha comprometido a comunicar a las candidaturas afectadas cómo se va a desarrollar el proceso.

Nieto dijo este jueves 14 de julio que no quiere un papel de preferencia en el proceso de investigación de la documentación aportada. Sin embargo, reclamó que apuesta por que se haga con transparencia, rigor y justicia, así como que se realice con diligencia. La UE tiene hasta el mes de mayo del año próximo para convertir la elección del jurado en decisión definitiva. “Esperemos que el mal olor no dure tanto”, dijo.

“Lo más cómodo hubiera sido no nacer nada. Aquí sabemos perder, estamos acostumbrados”, dijo Nieto, quien aludió a la defensa de los intereses generales de Córdoba para reclamar una revisión del proceso, sobre todo si se puede haber producido un supuesto de información privilegiada. En el Consistorio se usa la palabra “presunto”, pero también se considera que contar con el asesoramiento, siquiera interpuesto, de un miembro del jurado es un factor de primer nivel de cara a la formalización de una candidatura con garantías.

Fuentes: Diario de Sevilla • La Opinión de Málaga