 Anés: denunciado.
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Un grupo de ciudadanos presentó ante la Fiscalía Superior de Justicia de Andalucía (España), el pasado 19 de julio, una denuncia contra los autores de diferentes entradas del Diccionario Biográfico Español, en la que piden el secuestro de esta publicación y que se investigue lo que consideran “burda manipulación” de la historia. Este colectivo, encabezado por el profesor de la Universidad de Granada Emilio García Wiedeman, solicita en la denuncia que se cotejen afirmaciones publicadas en la obra de la Real Academia de la Historia de Madrid (RAH) y que se exija la devolución de la subvención ministerial de 5,8 millones de euros que se destinó para su elaboración. En un extenso escrito, de casi un centenar de páginas incluidos los anexos, consideran que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de difusión de informaciones injuriosas por motivos racistas o referentes a la ideología y otro de difusión de ideas o doctrinas que justifiquen genocidio o la rehabilitación de regímenes que lo amparen. En concreto, los denunciantes —que cuentan con el apoyo de unas 800 personas que se han sumado con su firma— entienden que la RAH ha conculcado claramente los términos del acuerdo por el que recibió la subvención pública y su obligación de ofrecer una “versión ecuánime” de las biografías recogidas en la publicación. En este sentido, advierten que la obra “destruye” la historiografía democrática sobre el golpe de Estado de 1936 y sus consecuencias y que los contenidos relativos a este periodo “falsean la verdad con el ánimo de injuriar a los familiares de las víctimas”. Según señalan, el Diccionario Biográfico Español niega el carácter sangriento de la represión franquista y la mayoría de las entradas sobre mandos militares franquistas tienen un carácter “hagiográfico”. Por ejemplo, llama a la Guerra Civil “cruzada” y “guerra de liberación”, o considera que Francisco Franco montó un “régimen autoritario pero no totalitario” y que participó en un golpe de Estado contra un Gobierno caótico “con el único fin de restaurar la monarquía democrática”. Los denunciantes consideran asimismo que, en este caso, no cabe apelar a la libertad de expresión o a la libertad de cátedra, puesto que los contenidos son “notoriamente denigrantes para los familiares de quienes, por razones ideológicas, fueron discriminados, perseguidos y asesinados”. La denuncia, que se presentó ante el fiscal superior Jesús García Calderón, de la Fiscalía de Andalucía, por desconocer los denunciantes el lugar de publicación del Diccionario Biográfico Español, se dirige contra nueve autores de diferentes entradas del diccionario, entre ellos Luis Suárez Fernández y Carlos Seco Serrano, así como el director de la RAH, Gonzalo Anés y Álvarez de Castrillón. Además se extiende contra cualquier persona que a lo largo de la investigación resultara con indicios de responsabilidad criminal por los delitos que se denuncian. El pasado 12 de julio, el Congreso de España debatió sobre el Diccionario Biográfico Español, del cual se ha publicado la mitad de los cincuenta tomos que lo componen. El pleno, con 194 votos a favor, 136 en contra y una abstención, instó al Gobierno a dar a la RAH un plazo hasta octubre para que corrija las entradas. El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, compareció ese día en comisión parlamentaria para aclarar las cuentas de la subvención otorgada a la RAH para la elaboración del Diccionario. Educación otorgó a la Academia 4,80 millones entre 1999 y 2006, a los que se añadieron 989.810 euros en subvenciones entre 2007 y 2011. Las críticas por la falta de imparcialidad demostrada por algunos autores en sus entradas y el menoscabo de la supervisión de la RAH sobre el trabajo de los historiadores llevaron a Gabilondo al estrado a señalar que “parece indudable que existen ciertas entradas en el Diccionario que se han apartado del necesario rigor y objetividad y de la ecuanimidad que debía presidir la elaboración de esta obra”. El PSOE, a través de su diputado Álvaro Cuesta, pidió la interrupción “en España y en el extranjero de la obra, y condicionar las ayudas a este diccionario”. Y advirtió que la proposición no de ley de su grupo no persigue una “actividad inquisitorial”. “No pretende menoscabar la libertad, sino animar a que los procedimientos de investigación sean acordes con la objetividad de los hechos”, dijo. Finalizó su intervención denunciando “la falsificación de la historia con ánimo excluyente” como una condena para las próximas generaciones. Fuentes: EFE • El País • Público
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