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Luis debe morir

“Instruir causa contra Luis XVI es lo mismo que procesar a la Revolución, si Luis puede ser juzgado, entonces Luis puede ser absuelto; si Luis puede ser absuelto, Luis puede ser inocente; y si Luis es inocente, ¿qué objeto ha tenido la Revolución?”. Con estas palabras, según la pluma romántica de Lamartine, Maximiliano de Robespierre fundamentaba lo inútil del juzgamiento del Rey durante la revolución francesa. El discurso terminaba casi como una letanía, con una sustentación irrefutable: “Proclamo con sentimiento esta verdad fatal: Luis debe morir para evitar que mueran cien mil ciudadanos virtuosos; Luis debe morir porque es preciso que la Francia viva”. Y, claro, Luis murió y tras la cabeza del rey Borbón, otras decenas de miles rodaron bajo el impecable invento de monsieur Guillotin, inaugurando así lo que luego se conocería como el tristemente célebre “reinado del terror”.

Pero esa no fue la única frase lapidaria de aquellos días; los futuros compañeros de Robespierre en el “Comité de Salud Pública” se expresaron en términos parecidos. Marat declaraba: “No creeré en la República más que cuando la cabeza de Luis XVI no esté ya sobre sus hombros. Hay que condenarlo en virtud del derecho de insurrección”; mientras Dantón sostenía: “No se trata de juzgarlo, sino de matarlo. A los reyes se les golpea en la cabeza”; y Saint Just agregaba: “Lo que constituye la República es la destrucción total de lo que se opone. La realeza es un crimen eterno contra el que todo hombre tiene el derecho de alzarse y armarse. Todo rey es un rebelde y un usurpador. Hay que vengar el asesinato del pueblo con la muerte del rey. Nadie puede reinar inocentemente”. Como comprenderán, ninguno de los padres del terror murió anciano. A Marat lo asesinó Carlota Corday mientras tomaba un baño. Dantón se vio enfrentado a sus antiguos socios y terminó en la guillotina cuatro meses antes que Saint Just y el mismísimo Robespierre, ajusticiados por los políticos de poca monta que se unieron cuando vieron que sus cabezas también corrían peligro.

¿A qué viene este recuento histórico? ¿Qué tiene de importante recordar la muerte de Luis XVI —más pusilánime que deshonesto— y la suerte que siguieron los revolucionarios más connotados de 1789? Alguna vez leí que la historia sirve para aprender de ella, para que los que vienen después no cometamos los mismos errores de quienes estuvieron antes, y para que el hombre pueda progresar en su camino hacia su humanización —término final del que algunos escépticos dudamos porfiadamente.

Todos sabemos, y no voy a hacerles perder su tiempo recordándolo al detalle, qué sucedió en el Perú en la última década. Alberto Fujimori llega al poder (1990) tras la tragedia que significó el gobierno de Alan García (1985-1990), se deshace de un parlamento opositor (1992), dicta una nueva Constitución (1993), se reelige (1995) y, tras una interpretación antojadiza de la ley, se vuelve a reelegir (2000) y gobierna unas pocas semanas antes de caer arrastrado por el escándalo del video “Kouri-Montesinos” en el cual se ve a un parlamentario de la oposición recibiendo un fajo de billetes de manos del cuestionado “asesor presidencial” y jefe de facto del servicio de inteligencia nacional.

En el ínterin, la oposición democrática (así se llamaron ellos mismos) realizó marchas, protestas, foros y denuncias, cuestionando la legitimidad del poder fujimorista y acusando a los más altos miembros del gobierno de corrupción. Sin embargo, y no deja de ser interesante anotarlo, en su gran mayoría, esa misma oposición participó en el referéndum de 1993 y en las reelecciones de 1995 y el 2000, avalando, con su presencia, los mismos “procesos fraudulentos” que denunciaban.

Tras la caída del régimen, luego de que Fujimori mandara su renuncia por fax desde el Japón (donde goza de la protección gubernamental en su condición de primer hijo del Imperio del Sol Naciente que ha gobernado una nación extranjera), Alejandro Toledo fue elegido presidente de la república cargando en los hombros las esperanzas de millones de peruanos con un discurso populista que ofrecía limpiar un país manchado por la corrupción y enviar a la cárcel a todos los culpables.

Irónicamente, la lucha contra la corruptela se inició con Fujimori, en las postrimerías de su gobierno. Cuando tambaleaba acosado por las denuncias, consideró políticamente oportuno nombrar a un reconocido penalista como el procurador encargado de investigar los delitos cometidos durante la década anterior. A la caída del ingeniero, el gobierno de transición de Valentín Paniagua reiteró su confianza a la Procuraduría y, posteriormente, Toledo hizo lo mismo. Producto de las denuncias presentadas, se inició infinidad de juicios y fueron puestos en cárcel, o bajo arresto domiciliario, decenas de personajes del antiguo régimen.

Y acá viene la ligazón histórica. Si bien Fujimori está muy lejos de ser Luis XVI y Montesinos es sólo un aprendiz frente al implacable Fouché, no deja de ser interesante la reacción del presidente Alejandro Toledo y de todos sus voceros cuando el Poder Judicial falla de cualquier manera que no sea la que ellos consideran la única posible: la condena.

Hace unos días, un juez anticorrupción, Jorge Barreto, dictó una resolución mediante la cual ordenaba la inmediata liberación de Montesinos por “exceso de carcelería” (estar más de quince meses preso sin haber sido condenado por el delito imputado) y eso originó un escándalo de marca mayor encabezado por el mismísimo presidente Toledo quien declaró, entre otras cosas: “Estoy doblemente indignado. Esto ya está llegando a su límite. Es el mismo juez que dijo que Montesinos no tenía nada ver con la Marcha de los Cuatro Suyos ni con la muerte de los seis trabajadores del Banco de la Nación”; agregando: “Me pregunto qué vídeo tiene Montesinos de este juez o de otros jueces corruptos”. Luego, los expertos explicaron que el fallo fue comunicado oportunamente a las partes y que éstas no apelaron. La procuradora encargada declaró que la apelación se consideró innecesaria puesto que Montesinos tiene una condena por nueve años y más de sesenta juicios pendientes que hacían imposible la excarcelación. Cabe anotar, además, que la misma resolución del juez estimaba que era innecesario dictarle a Montesinos reglas de conducta puesto que no era factible que saliera libre debido a que se hallaba “purgando carcelería por otros procesos en otros juzgados”.

Pero ya el presidente y sus comparsas se habían despachado a su gusto contra el juez negándole cualquier posibilidad de ser honesto y recordando airados que Montesinos tiene aún mucha influencia en el Poder Judicial, lo que pone en riesgo la condena de los culpables y hasta la estabilidad democrática. Para más abundar, podemos recordar que, días antes, frente a otra resolución judicial que consideró ofensiva para con los que “lucharon contra la dictadura”, el presidente Toledo había convocado ya a una “cruzada” para “limpiar” la justicia peruana de los “rezagos” de corrupción “enquistados” en el Palacio de Justicia.

Resulta, pues, que cualquier resolución judicial que no se acomode a los gustos de los “luchadores por la democracia” es esencialmente maligna y demuestra que la “mafia fujimontesinista” sigue moviendo los hilos del poder. Entonces, habrá que pedirle al Consejo Nacional de la Magistratura que destituya, uno por uno, a todos los jueces que no sentencien de acuerdo a las consideraciones del Ejecutivo. También habrá que destituir a los consejeros si no despiden a los jueces corruptos y a los miembros del Tribunal Constitucional si caen en las mismas proclamadas “aguas negras” de la corrupción.

Me pregunto, ¿para qué someter a juicio a quienes, desde un principio, consideramos culpables? ¿Acaso no es digno de las más enmascaradas dictaduras (incluyendo la de Fujimori) manejar a su antojo el poder judicial y darle visos de legalidad a los linchamientos patibularios? ¿No saben estos señores que para condenar a alguien dentro de la legalidad vigente hay que tener pruebas? ¿Ignoran que no se puede meter preso a nadie por los dichos de otra persona o porque “sabemos”, “creemos saber” o “sospechamos” que es culpable? Claro, a partir de mañana dirán que soy un fujimorista hepático, un beneficiado por la corrupción o que Montesinos tiene algún video mío en actitudes impúdicas o deshonestas, cosa que, hasta donde recuerdo, no dejará de ser una mentira más que busque desprestigiar cualquier opinión que no calce con la de ellos.

Si querían llevar adelante su revolución, su cruzada cívica, su limpieza moral, debieron hacerla en medio de la efervescencia popular, cuando el régimen caía y cualquier medida extrema hubiera contado con la absolución de la historia; pero no, apostaron por la democracia (¡qué bueno!) y ahora tienen que ajustarse a las reglas que ella misma impone. Nadie puede ser condenado sin pruebas, no es delito nada que no estuviera tipificado como tal al momento de cometerse, y las penas mayores y la eliminación de beneficios penitenciarios rigen desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial porque la retroactividad sólo está permitida por la normatividad peruana cuando favorece al reo.

En fin, o se consiguen mejores procuradores que hallen las pruebas suficientes y los tipos legales adecuados para mantener en prisión a los aparentemente beneficiados ilícitamente en la última década del siglo pasado, aceptando las reglas de la democracia y la autonomía del Poder Judicial (y estoy seguro que hubo corrupción por montañas, pero esa “seguridad” mía no sirve para condenar a nadie legalmente) o, por el contrario, patean el tablero, forman un Comité de Salud Pública y mandan al paredón (que la guillotina pasó de moda) a todos los integrantes del antiguo régimen y se arriesgan a terminar (a leer historia, señores) como Robespierre y sus muchachos.

Hace más de cien años, un generalote se acercó a la casa de don Manuel González Prada, una de las conciencias morales más limpias de nuestra historia, y le ofreció realizar un golpe de estado para sentarlo en Palacio de Gobierno. Don Manuel aceptó el trato con una sola condición, que en el acto se ajusticiara a un centenar de personajes siniestros que él consideraba incompatibles con la regeneración de la república. Como es fácil de suponer, el militar se marchó por donde vino dejando atrás la sonrisa sarcástica del padre del anarquismo peruano, pensando, seguramente, que su propio nombre estaba en la mentada listita…

Lima, 24 de enero de 2003