Con el inicio de los trámites para la declaración de inexportabilidad, el Ministerio de Cultura de España logró impedir la subasta de un documento que, rubricado el 8 de julio de 1593 en Sevilla, contiene la firma de Miguel de Cervantes (1547-1616), autor de Don Quijote de la Mancha.
La puja, que se realizaría el miércoles 27 de mayo en la sala madrileña de Durán Arte y Subastas y con un precio de salida de 120.000 euros, quedó sin efecto al activarse el protocolo legal, que confiere al documento importancia como parte del patrimonio histórico y cultural español. La casa tuvo entonces que rechazar de inmediato las ofertas internacionales.
La descripción del documento en el anuncio de la subasta reza textualmente: “Carta de pago con firma autógrafa de Miguel de Cervantes en la que declara haber recibido 600 reales de plata de salario por 60 días de trabajo para Andrés de Cerio por la comisión de Isunza. Firmada en Sevilla a 8 de julio de 1593”.
El anuncio complementa la información de esta manera: “No se conocen manuscritos de Cervantes de naturaleza privada tales como memorias ni escritos literarios. Los escasos manuscritos auténticos conservados son, como en este caso, documentos de carácter administrativo, y se custodian en instituciones”.
El documento en cuestión, un protocolo notarial de 31,4 x 20 centímetros sobre papel de hilo con filigrana, corresponde al folio 390, arrancado de un protocolo notarial otorgado en Sevilla ante el escribano público Luis de Porras, firmado por Cervantes en el ejercicio de sus funciones como comisario de abastos de la Corona. Pertenece a los fondos del antiguo Archivo de Protocolos Notariales, que pasaron a ser custodiados a partir de 1990 por el Histórico Provincial de Sevilla.
De gran valor histórico y documental para los expertos, aunque no se trate de una carta manuscrita del autor del Quijote, este documento fue objeto de un procedimiento judicial en 1998 tras aparecer en una subasta en Barcelona y reclamar la Junta de Andalucía (el gobierno regional) su titularidad pública por ser la Administración gestora del Archivo Histórico Provincial.
La pieza pertenecía originalmente a los fondos del escribano Luis de Porras del año 1593, unos protocolos que hoy se custodian en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla. Los investigadores sostienen que el documento fue arrancado ilegalmente de su libro original en algún momento del siglo XIX.
El Gobierno de España atendió de esta manera a la petición realizada por la Junta de Andalucía, y el protocolo regirá hasta que esa Administración regional inicie los trámites para incluirlo en alguna de las categorías de protección previstas en su normativa, precisaron desde el Ejecutivo.
Fuentes: EFE • El Confidencial
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