Las autoridades de Nicaragua han ordenado confiscar la vivienda de opositores nicaragüenses a los que el régimen de Daniel Ortega había convertido en apátridas mediante una decisión judicial forjada en febrero, entre ellos la narradora y poeta Gioconda Belli, quien denunció el hecho en la red social X el 12 de septiembre.
“Ayer la dictadura Ortega Murillo consumó la confiscación de mi casa de habitación en Managua, enviando policías a ocuparla”, escribió Belli. “Es una casa que para siempre contendrá el recuerdo de mi energía creativa, la huella de mis libros y el paisaje que más amaba. Lo que era queda en mí”.
“La poesía me abraza esta tarde en que se consuma el robo de mi casa por la dictadura. Pienso en Bécquer para parafrasearlo: Volverán las oscuras golondrinas de mi jardín sus nidos a colgar; pero aquellos que ensuciaron nuestra historia, esos no volverán. Así sea. Así será”, indicó la escritora.
“Los tiranos creen que pueden doblegar a las personas despojándolas de lo que les pertenece. Pierdo mi casa, ocupada ayer por la policía, pero ellos, sumidos en la paranoia y la mentira, han perdido sus valores, su historia, convertidos en malsanos tiranos dignos de repudio”, escribió la ganadora del XXXII Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2023.
La medida también ha afectado al hijo de la escritora, Camilo de Castro, y su esposa, la cineasta Leonor Zúniga, así como a otros críticos con el gobierno de Nicaragua, como el escritor Gonzalo Carrión, el defensor de Derechos Humanos Moisés Hassán o el ex canciller Norman Caldera, según el diario La Prensa.
“La dictadura Ortega Murillo, a través de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía, consumó el robo de mi casa en Nicaragua. Recibimos la noticia con indignación y tristeza, pero decididos a seguir denunciando a la dictadura y luchando por un país distinto”, indicó De Castro en su perfil en X.
Por su parte, Zúniga ya confirmó en la citada red social que el gobierno confiscó su casa. “Rieguen las plantas y no se coman los garrobos, pinches bestias sin imaginación”, amonestó, agregando con ironía que “tanto drama” da para una película.
Seis días después de haber excarcelado y desterrado a 222 presos políticos a Estados Unidos, en febrero de 2023, el gobierno nicaragüense ordenó a Ernesto Rodríguez, magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), despojar de su nacionalidad a 94 ciudadanos acusados por el Ministerio Público como “traidores a la patria”, recuerda el diario La Prensa.
Con este grupo, la cifra de las personas declaradas “apátridas” aumentó a 317, una lista en la que están incluidos periodistas, directores de medios de comunicación, activistas, políticos, religiosos, y defensores de derechos humanos que fueron declarados “prófugos de la justicia”. El magistrado Rodríguez ordenó asimismo la confiscación de los bienes inmuebles y sociedades, que pasarán “a favor del Estado de Nicaragua”.
Días después, serían tomadas las casas de la periodista y activista feminista Sofía Montenegro y la opositora Azáhalea Solís. Ambas residencias estaban ubicadas en el complejo Amazonia, ubicado en el Reparto San Juan de Managua. Las autoridades nicaragüenses tomaron el edificio entero donde residían, afectando un total de dieciséis viviendas.
El 18 de febrero también fue tomada una propiedad de la excarcelada política y opositora Irlanda Jérez ubicada en el barrio Los Ángeles, en las cercanías del mercado Oriental, en Managua. Y en marzo, el régimen orteguista se apropió de la casa de Aníbal Toruño, dueño de Radio Darío.
Fuentes: Europa Press • La Prensa
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