Es innegable el poder del aprendiz de hechicero Harry Potter. Ya se había hecho patente al convertir a su pluma mater, Joanne Kathleen Rowling, en una de las mujeres más poderosas del planeta; ahora, en un inconmensurable despliegue de magia, ha logrado hacer que diversos gobiernos se movilicen para atender a la industria editorial en sus reclamos por efectivas políticas antipiratería.

Dado lo espinoso del tema, aclararemos al lector desprevenido —que los hay— que lo anterior es un simple sarcasmo. La lucha contra la piratería editorial sería innecesaria si los gobiernos y los empresarios hicieran un esfuerzo real por reducir la carga económica en beneficio de los consumidores. Es decir, si los precios de los libros no hicieran de éstos artículos de lujo, habría menos piratas editoriales.

Ahora que Harry Potter es uno de los productos más exitosos de la piratería editorial, que no ha escatimado esfuerzos en reproducirlo en verdaderas cantidades industriales, las empresas que imprimen y distribuyen el libro en todo el mundo han iniciado una serie de presiones dirigidas a las autoridades de cada país, a fin de que se tomen acciones contra quienes copian ilegalmente el best-seller de Rowling.

Los reclamos de la industria editorial se basan en que quien vende o adquiere un libro reproducido ilegalmente está incurriendo en un delito, cuyas víctimas son el autor y la industria editorial. Al proliferar la piratería de libros, son menos los libros auténticos que se venden, lo que representaría pérdidas para la industria y para el autor.

Ahora bien, por regla general, los piratas editoriales sólo se ocupan de reproducir libros con índices de ventas que les garanticen su subsistencia. De la misma manera como un avezado delincuente no se molestará en robar cosas sin valor, los piratas editoriales imprimen ilegalmente sólo los libros que interesan a muchas personas. Copiarán a J. K. Rowling porque es un best-seller, a García Márquez porque es un clásico. Ni Rowling ni el Gabo tienen problemas de dinero y viven cómodamente gracias a las ganancias producidas por sus libros. Nunca veremos a un pirata interesado en plagiar el primer poemario de un poeta limeño ni los experimentos formales de una novelista chicana.

Parece paradójico, pero los autores desconocidos tienen asegurados sus derechos porque nunca serán pirateados. De hecho, luce más probable que los derechos de los escritores en crecimiento sean menoscabados por editores inescrupulosos que les ofrecen condiciones risibles para publicar sus obras. Cualquiera que haya tenido contactos concretos con una de estas editoriales de dudosa calaña sabe que ellas ofrecen al autor porcentajes minúsculos por las ventas de una obra que, al fin y al cabo, si logra venderse, será en primer lugar por el esfuerzo y la destreza literaria de quien la escribió.

Todo libro que se vende en el mundo proviene de una fuente bilateral: la creación del autor y la inversión de la editorial. Aquella es intangible (aunque no lo sean los beneficios que genera). Ésta supone grandes cantidades de dinero por concepto de producción del libro. Las editoriales tienen derecho a defender tales inversiones emprendiendo o estimulando acciones contra la piratería, pero nos parece que sin la ayuda de las autoridades será poco lo que puedan lograr.

La solución a todo esto se encuentra, muy a pesar de los entes actuantes en el problema, en un esfuerzo conjunto entre gobiernos y editoriales. Pero no sólo para perseguir a los elusivos piratas, lo cual representa una frágil solución, sino además para ponerle al libro su precio justo. Los gobiernos tienen el poder de favorecer y estimular las iniciativas editoriales por vías diversas —desde exoneración de impuestos hasta participación efectiva en campañas de lectura—; la industria tiene a su vez la posibilidad de sincerar sus costos de producción.

Pero lamentablemente todo esto es sólo materia de utopía, lo cual tiene muy contentos a los piratas editoriales.